De ratificar el Senado una adición al Artículo 107 de la Constitución aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, la posibilidad de obtener devoluciones de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda se volverá prácticamente misión imposible.
Más aún, suponiendo que un particular ganara un juicio pese a la carrera de obstáculos, la dependencia estaría obligada a rectificar su conducta
La iniciativa, con proa hacia el amparo fiscal, se aprobó el 31 de marzo pasado por el pleno de la Cámara Baja, con 355 votos a favor y sólo uno en contra, al fragor de los escándalos provocados por las multimillonarias devoluciones otorgadas a empresas gigantes.
En la mesa estaban, por ejemplo, los casos de Jugos Del Valle, quien recibió de regreso 950 millones de pesos pagados por los consumidores, al demostrar que la autoridad tributaria se había equivocado en tasar sus productos como bebidas refrescantes, siendo que son alimentos
Más allá, en el eje de la discusión estaba el caso reciente de Alsea, la principal firma de franquicias del país, cuya exigencia podría llegar a una cantidad idéntica, en este caso bajo la protección de un amparo obtenido por una firma que adquirió.
Ahora que en la danza están también el Grupo Bimbo, Cementos Mexicanos, el Grupo Maseca
La exposición de motivos habla de un grave daño al erario público, por más que se demostrara que el fisco no tenía derecho de cobrar un tributo, es decir el dinero recaudado no le correspondía, por tanto no hay despojo.
Sin embargo, como en la mayoría de los casos análogos (¿se acuerda usted que la Secretaría de Hacienda suprimió las exenciones por derechos de autor al descubrir que un conductor de televisión abusaba de la figura?¿Se acuerda que se acotó la posibilidad de deducciones en restaurantes al descubrirse que un empresario había metido el gasto de la fiesta de XV años de su hija?), se alcanzó el extremo opuesto.
De entrada, para que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una Ley fiscal se reclama por lo menos ocho votos en contra de los 11 ministros, lo que del otro lado de la moneda exigiría cuatro votos a favor para volverse legal. Hacienda, pues, pelearía por convencer a cuatro, en tanto para los causantes la cuesta sería del doble.
Por lo demás, para abrir una discusión se reclamaría que los amparos se tramiten de manera colectiva, y que por su importancia y trascendencia "así lo ameriten", lo que necesariamente deja abierta la puerta a la discrecionalidad.
En el caso de la no retroactividad, a contrapelo de uno de los preceptos más reconocidos de la Constitución, la exposición de motivos habla de que "el interés particular no puede prevalecer sobre el bien común", lo que atenta necesariamente contra las garantías individuales.
Naturalmente, no estamos hablando sólo de problemas entre el fisco y las grandes empresas. La tabla rasa alcanzaría a todo el universo de causantes, en un escenario en que por tradición cuando se declara inconstitucional un tributo, la Secretaría de Hacienda lo vuelve a implantar.
La lista es larga. Por ejemplo, el derecho al alumbrado público que cobran los municipios; el derecho a trámite aduanero; el impuesto sobre radicación en el Estado de México; la prohibición para deducir pérdidas en venta de acciones, y la deducción en compras de importación.
En los casos más extremos los ordenamientos se han derribado en cuatro ocasiones, y en otras tantas han regresado a la pesadilla.
Para ilustrar más a fondo el horizonte, hablaríamos de los bonos que el Gobierno le otorga a los altos servidores públicos y los que a su vez las grandes empresas le otorgan a sus funcionarios. En el primer caso, no hay pago alguno de impuestos. En el segundo se impone el de la Renta a la tasa más alta, es decir 28 por ciento.
Supóngase, pues, que algún ejecutivo privado promueva un juicio por la evidente inequidad que atenta contra los principios de proporcionalidad tributaria. Bien, pues de ganar el caso, digo, suponiendo que reclute a un ejército de inconformes y que éste logre convencer a ocho ministros de la Corte, se le daría una disculpa
¿Y usted cree que a partir de entonces se corregiría el escenario, sea exentando a los privados o cobrándole a los públicos?
Desde otro ángulo, la reforma que analiza el Senado tras la entrega de la minuta por la Cámara de origen, señala que el amparo contra leyes fiscales se ha convertido en un jugoso negocio para unos cuantos, con énfasis en las grandes corporaciones y los abogados.
Sin embargo, en la mesa están aún los 35 mil amparos planteados por los contribuyentes del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), cuyos promotores, en su mayoría, son empresas medianas y pequeñas, en paralelo a profesionistas libres.
¿LO CAIDO, CAIDO? BALANCE GENERAL Candidateado insistentemente como el posible sucesor de Jesús Reyes Heroles González Garza en Petróleos Mexicanos, finalmente el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, llegó al cargo
La posición será para su sobrino. Juan José Suárez Coppel, quien había sido director de finanzas de la paraestatal.
Naturalmente, la lectura habla de una primera concesión del Gobierno al priismo en su nueva fase de fracción dominante en la Cámara de Diputados.
Hasta el fin de semana las señales seguían apuntando hacia el ex candidato al Gobierno de Nuevo León por la causa panista, Fernando Elizondo, tras la renuncia de Alfredo Villarreal Dávila, el director Corporativo de Administración de la paraestatal, sobre el que pesan graves cargos de corrupción.
Éste había sido senador por Coahuila y antes alcalde de Saltillo, bajo la bandera de Acción Nacional.
La dimisión se había planteado como una de las condiciones de Elizondo para acceder al cargo que desempeñó con ropaje más negro que gris el hijo mayor del ideólogo de la revolución en su fase moderna.
En la ruta de los anhelados cambios, hasta anoche corría insistente la versión de que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, sustituiría a Georgina Kessel en la Secretaría de Energía.
PUNTILLA A NAPO Aunque los abogados del líder minero Napoleón Gómez Urrutia hablan de más de lo mismo, lo cierto es que la nueva orden de aprehensión contra éste complementa las anteriores.
Estamos hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se conoce coloquialmente como lavado de dinero.
El expediente documenta tres años de investigaciones, desglosándose más de 100 operaciones realizadas por terceros en beneficio de Gómez Urrutia, cruzando cuentas bancarias en rutas sinuosas para ocultar las transacciones. El escenario habla de 30 testigos, un cateo, la inspección ministerial de 70 documentos y la participación de peritos de la Unidad de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda.
La copia llegará en los próximos días al Gobierno de Canadá como parte de la solicitud de extradición.
