Los concesionarios de radio y televisión, y particularmente el duopolio televisivo, aprovechan los procesos electorales para desafiar al Estado mexicano; sabedores de que es el momento en el que los políticos mexicanos son más vulnerables frente a las acciones de los medios masivos de comunicación, las televisoras lo utilizan para tratar de ampliar y fortalecer sus privilegios, mantenerlos o, al menos, recuperarlos.
Esta es la historia de los últimos cuatro procesos electorales federales (2000, 2003, 2006 y 2009). En los cuatro casos los conflictos afloran en el primer trimestre del año, precisamente cuando inicia el momento crucial de los procesos electorales, tanto para las autoridades electorales como para los partidos políticos y sus precandidatos o candidatos.
En los primeros meses de 2000, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) decidió cuestionar la atribución del órgano electoral para hacer uso de los tiempos de Estado, dado que ya no formaba parte del Poder Ejecutivo, y suspendieron la transmisión de toda la pauta de promocionales del Instituto Federal Electoral, precisamente en los momentos que éste más necesitaba de ellos pues los utilizaba básicamente para invitar a los ciudadanos a cumplir con su obligación y derecho de ser funcionarios de mesa directiva de casilla.
Afortunadamente, ante el apoyo casi unánime de la opinión pública a las autoridades electorales, los concesionarios tuvieron que deponer su actitud, a pesar de la débil actuación de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces era el enlace del IFE con los concesionarios y la autoridad responsable en la materia.
En marzo de 2003 las dos cadenas televisivas rechazaron las pautas de transmisión del plan de medios complementario para los programas de los partidos políticos que debía transmitirse del 19 de abril al 2 de julio de dicho año. La intención de las televisoras era sacar de los mejores horarios y de sus principales cadenas la programación de los partidos políticos.
Nuevamente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, titubeó y los concesionarios finalmente se salieron con la suya: eliminaron de la programación al Canal 2 de Televisa y omitieron la transmisión de 84 programas de radio y 47 de televisión, únicamente en el período comprendido entre el 19 de abril y el 30 de mayo.
En 2006, elevaron la apuesta, lo disputado de la contienda electoral les permitía todavía un mayor margen de maniobra, así impulsaron la famosa Ley Televisa, que consiguieron aprobar en forma unánime el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados y, por votación mayoritaria, el 30 de marzo de 2006, en el Senado. Sin embargo, más de una tercera parte de los senadores, encabezados por Javier Corral, Raymundo Cárdenas, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, entre otros, logró coordinarse para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en junio de 2007 declaró inconstitucionales las disposiciones más ventajosas para los concesionarios.
Y ahora en 2009 aprovechan nuevamente el inicio de las precampañas; en esta ocasión las televisoras interrumpieron las transmisiones de los partidos de futbol y el súper tazón de futbol americano para difundir la propaganda electoral; los televidentes se percataron que el desarrollo del partido continuaba normalmente mientras ellos veían publicidad del IFE y los partidos políticos sin saber qué sucedía en su deporte favorito. Evidentemente Televisa y TV Azteca buscaban provocar malestar social y encauzarlo contra las autoridades y los partidos políticos.
Las televisoras se han opuesto sistemáticamente a la reforma electoral que los priva de recibir miles de millones de pesos cada tres años por concepto de publicidad electoral, pues ahora ésta se hará exclusivamente en los llamados tiempos de Estado, que son gratuitos. Primero, en septiembre de 2007, previo a su aprobación en el Senado de la República, emprendieron una campaña en contra de la misma; posteriormente en marzo del año pasado, cuando entró en vigor, rechazaron la primera pauta que les envió la autoridad electoral y recurrieron a diversas vías legales para tratar de combatir la citada reforma. Hasta hoy ésta está firme y tiene que acatarse; pero es evidente que los concesionarios buscan por todos los medios reventarla para provocar una contrarreforma que les devuelva sus cuantiosos ingresos para incrementar todavía más sus pingües ganancias.El inicio de las precampañas y una pifia del IFE, que modificó ligeramente la redacción del acuerdo, le brindaron una oportunidad excepcional para lanzar una nueva embestida contra dicha reforma.
Los concesionarios conocen con precisión las debilidades de la ley y saben que la mayor sanción que pueden recibir es una multa de 10 mil salarios mínimos, equivalente aproximadamente a 5 millones 300 mil pesos; además saben que en los momentos electorales los políticos son más vulnerables a sus acciones. Todas estas batallas que aparentemente libran contra las autoridades electorales, en realidad son contra el Estado mexicano, pues buscan doblegarlo ante su poder real; buscan colocarse por encima de los poderes legalmente constituidos, para primero recuperar sus privilegios y después ampliarlos. La autoridad, y no únicamente la electoral, no puede mostrar debilidad ante esta nueva embestida, pues un triunfo de las televisoras debilitaría todavía más al ya de por sí cuestionado (¿Estado fallido?) Estado mexicano.
