"Detengan a los sospechosos
De siempre."
Capitán Louis Renaud
(Casablanca)
No se requiere de mucha sapiencia jurídica para entender por qué el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo Mendoza, que vio el caso dejó en libertad a Ramsés Villarreal, el estudiante detenido el jueves por su supuesta responsabilidad en las detonaciones que algún grupo, aparentemente defensor de los animales, ha venido llevando a cabo en bancos y tiendas de la ciudad de México.
Los agentes no contaban con una orden de aprehensión mientras que Villarreal no fue detenido en flagrancia. Esta simple combinación de hechos vuelve inconstitucional la detención. Pero hay que añadir que el detenido estuvo horas privado de la libertad sin que se le presentara ante un juez o se informara de su paradero y que se le interrogó y presionó sin la presencia de un abogado. Además se cateó su casa sin una orden judicial. Tenemos así un operativo absolutamente ilegal.
Las fuerzas de seguridad del país tienen la responsabilidad de proteger a los gobernados y la Procuraduría General de la República la de investigar los delitos federales que se cometan y detener a los responsables. Pero la arbitraria detención y el trato que se le dio a este joven, quien está realizando su servicio social, es tan ilegal como las detonaciones de las cuales se le responsabilizó.
No parece haber habido ningún tipo de investigación previa a la detención. La única aparente prueba con la que contaba la PGR era una imagen tomada por una cámara de seguridad de un banco en la que aparecía un sujeto cubierto con una capucha. La PGR hizo un montaje con otra foto en la que Villarreal tiene también una capucha para fabricar su prueba. A mí, sin ser un experto en estos temas, la simple yuxtaposición de figuras no me convence que ambas imágenes correspondan a la misma persona. Pero el hecho de que el Ministerio Público no acudió ante un juez para obtener una orden de aprehensión antes de detener a Villarreal es indicativo de la poca seguridad que los propios agentes tenían sobre la contundencia de su "prueba".
Villarreal ha declarado ante varios medios que fue presionado, sin la presencia de un abogado, para que se declarara culpable de las detonaciones o para que señalara a otra persona, que él afirma no conocía, como supuesto responsable. Se le amenazó incluso, dijo, con violar a su esposa si no cooperaba.
No hay forma de saber si estas amenazas realmente se profirieron o si son una simple invención del detenido. Pero para evitar esa incertidumbre precisamente la ley establece el requisito de que los detenidos sean presentados ante un juez y que los interrogatorios se lleven a cabo en la presencia de un abogado de la confianza del acusado.
A lo largo de meses los diputados de la LX legislatura nos bombardearon con anuncios de radio y televisión en que nos decían que gracias a las reformas en el sistema penal se había logrado por primera vez garantizar la presunción de inocencia en nuestro país. La verdad es que la Constitución siempre ha establecido esa presunción y una serie de garantías para sustentarla, pero las policías las han violado siempre.
El caso de Ramsés Villarreal nos ratifica que la forma en que opera la PGR hoy no ha cambiado mucho desde los años en que ésta era famosa por sus abusos a los derechos humanos. Un caso que debió haber sido el inicio triunfante de la gestión de Arturo Chávez Chávez como procurador se ha convertido así en un ejemplo más de cómo las autoridades violan la ley aun cuando dicen que la están haciendo cumplir. La reacción cuando hay un delito es todavía: "Detengan a los sospechosos de siempre."
No veo razón para celebrar el lugar número 53 de México en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. El que un país con nuestro potencial se encuentre tan retrasado debería ser motivo de decepción. Lo peor de todo es que el desplome económico de 2009 seguramente ocasionará un retraso mayor a nuestro país.
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