El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró y deslindó de cualquier responsabilidad a los mandos políticos (el gobernador Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República Eduardo Medina-Mora) y policiacos (los directores de las policías federal y estatal) que planearon y ordenaron el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el que sí se cometieron graves violaciones a las garantías individuales, también de acuerdo a la Corte, sin embargo, los únicos responsables de ello son los policías ejecutores y sus jefes inmediatos.
La segunda investigación que dictamina, de conformidad con lo establecido en la fracción II del Artículo 97 constitucional, fue igual o más deplorable que la primera. En la primera exoneraron al gobernador poblano Mario Marín y en ésta al mexiquense y al actual titular de la PGR. En la primera, tuvieron que negar que en la detención y traslado de Lydia Cacho hubiera graves violaciones a las garantías, pues no había forma de deslindar al gobernador, ya que era el directamente implicado en los hechos; en ésta, pudieron respaldar el proyecto propuesto por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en su primera parte: la violación grave de garantías, porque en la segunda, lo modificarían para exonerar a las máximas autoridades políticas y policiacas.
El proyecto no los incriminaba, simplemente los incluía en la lista de las autoridades que habían planeado, ordenado o ejecutado el operativo y, por lo tanto, podrían ser sujetos a investigación por parte de las autoridades competentes para determinar sus responsabilidades. El dictamen se apegaba a lo establecido en el segundo párrafo de la regla 21 y el primero de la regla 24 del Acuerdo 16/2007, que regula el ejercicio de esta facultad de la Corte, donde señalan que "no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieran participado en los hechos
Dichas disposiciones tienen sentido porque la Corte tiene que cuidarse de no prejuzgar en asuntos que eventualmente puede volver a conocer, pues si las autoridades competentes juzgan que alguno o todos los involucrados cometieron ilícitos, los inculpados pueden recurrir al amparo de la justicia federal y, eventualmente, la Corte podría volver a conocer el caso, pero cómo pronunciarse sobre un asunto en el que ya previamente se había pronunciado. Así la Corte en estos momentos simplemente señala a las personas que participaron y, por lo tanto, se les debe someter a una investigación más minuciosa y rigurosa y, en caso, de resultarles responsabilidades se les deberá instaurar un procedimiento de la naturaleza que corresponda.
Pero la mayoría de los ministros exoneró, blindó, a las más altas autoridades políticas y policiacas de cualquier responsabilidad; cerró la puerta para incluirlos en cualquier investigación posterior. Peña Nieto, Medina-Mora, Ardelio Vargas (entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo), Wilfrido Robledo (entonces director de la Agencia Estatal de Seguridad), el procurador del Estado de México y los demás altos mandos policiacos están hoy más seguros que antes del dictamen. El dictamen los protege contra cualquier intento de investigación o acusación posterior.
Los problemas surgirán si al momento de integrar las averiguaciones previas en contra de los policías resulta que éstos actuaron simplemente en el cumplimiento de órdenes superiores, es decir, la contraparte de esta exoneración son las disposiciones de la llamada "obediencia debida", pues simplemente cumplen órdenes obligados por la disciplina castrense.
Pero, al margen de la obediencia debida, es un hecho que hay que investigar las responsabilidades de las autoridades políticas que ordenaron el operativo porque al menos existen tres omisiones: no haber tomado todas las providencias necesarias para evitar que se violaran las garantías, con medidas como quitarles las armas de fuego a los policías o simplemente, como señalaba el ministro Juan Silva Meza, establecer "como objetivo el respeto irrestricto de los derechos humanos"; segundo, porque no las detuvieron cuando primero tuvieron conocimiento de ellas, pues el operativo duró dos días y las violaciones incluso se cometieron en días posteriores; y tercero, porque no vigilaron que se sancionara a los responsables de las mismas.
Como bien decía en la sesión de la Corte en la que se votó el dictamen, Silva Meza: "
Y todavía el ministro Genaro Góngora Pimentel fue más preciso: "Sí, definitivamente, las autoridades que ordenaron y autorizaron el uso de la fuerza pública, tuvieron plena participación en los hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, pues no se limitaron a ordenar el operativo, sino que incumplieron con obligaciones que tenían antes, durante y después del mismo, en la medida en que no contaban con Policía capacitada y profesionalizada, omitieron hacer cesar las violaciones cuando tuvieron conocimiento de ellas, e investigar los hechos acontecidos."
Pero la mayoría de los ministros, en realidad no tan sólo no quería involucrarlos, los quería deslindar y con ello protegerlos. Así Peña Nieto ya es el segundo gobernador al que la mayoría de los ministros exonera y protege; el primero fue Mario Marín.
