El sentencioso don Jesús Reyes Heroles enseñaba que los políticos que suben en elevador bajan en elevador. No siempre ocurre así, pero ese principio de física política parece haberse concretado en Miguel Ángel Jiménez Godínez que en menos de un lustro presidió un partido político, encabezó su bancada en la Cámara de Diputados y tras una breve castigo ascendió a director general de la Lotería Nacional Su mala fortuna lo llevó a toparse con personas honradas, que rehusaron participar en la comisión de un delito electoral, a que él invitaba, y en menos de una semana el ex diputado quedó separado de su cargo (él cree que temporalmente) y huérfano de partido, pues al anunciar que dejaría de militar en el Panal, su reemplazante en la bancada de esa agrupación le agradeció su retiro pues así evitó ser expulsado.
En plena orfandad política (pues ostensiblemente su madrina Elba Esther Gordillo lo ha dejado solo, como se hace con los espías o matones a sueldo que reciben encargos delicados, a los que se advierte que si fracasan, no se les reconocerá nexo alguno con quienes ordenaron la misión fallida), Jiménez Godínez podría estar apenas en el umbral de un recorrido en cuyo extremo puede estar la cárcel.
El 26 de marzo pidió a representantes del Diario de Yucatán en Campeche facturar a la Lotería Nacional el costo de la campaña del candidato del PAN al Gobierno Estatal. Ese ofrecimiento puede ser castigado con pena de prisión. El Artículo 407 del Código penal federal dispone que se "impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que
Jiménez Godínez no consumó ese delito, pero incurrió en tentativa. Ésta se produce, y es punible, dice el Artículo 12 del propio código penal federal "cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir resultado
Exactamente eso fue lo que ocurrió el 26 de marzo en las oficinas del Grupo Energético del Sureste (GES), el magno negocio de la familia Mouriño. Édgar Ceballos Toledo atajó a Jiménez Godínez advirtiéndole con claridad que no aceptaría su oferta porque era contraria a las reglas de la casa, y constituye un delito electoral. El reproche se resbaló sobre la piel del entonces director de la Lotería Nacional y aun pretendió caminar sobre otra senda pedregosa: ofreció al Diario de Yucatán un contrato por tres años de publicidad de la Lotería. Ese periódico expuso los hechos en la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República, ante la cual han comparecido sus representantes para ratificar los hechos.
La ejemplar denuncia del Diario de Yucatán ha puesto al descubierto la trama campechana. Al frente de ella se encuentra Carlos Mouriño, el hermano mayor del fallecido Juan Camilo, quien comparte ahora la dirección de los negocios familiares y la gestión de sus intereses políticos. Ya tuvo su primer éxito en ese terreno, al haber conseguido que Mario Ávila Lizárraga, amigo de la familia, sea el candidato del PAN a la gubernatura. Se propuso además, y también lo consiguió, que el aparato gubernamental federal en aquella entidad se pusiera al servicio de esa causa.
De tal manera, dirigía los actos previos a la campaña Jorge Luis Lavalle Maury, responsable de la Oficina de Servicios Federales de apoyo a la educación, es decir la delegación de la Secretaría de Educación Pública. Ostentaba ese carácter el día en que la honradez significó un tropezón para una política aviesa. Después presentó su renuncia, con fecha primero de abril, pero el 26 de marzo era, al mismo tiempo, servidor público y coordinador de campaña partidaria. Con ese carácter asistió a la reunión convocada por Mouriño y en que Jiménez Godínez cometió el error que lo perdió. Nos preguntamos si quien será coordinadora de la campaña electoral panista no estaba ya a cargo de esa encomienda desde sus oficinas de la SEP, tal como lo sugiere la actuación de Lavalle Maury, que se adelantó cuatro días con el suyo propio al retiro de su jefa de la SEP.
Al comparecer el martes pasado ante diputados federales que investigan el posible desvío de recursos federales a campañas partidarias, es decir, conductas como la de Jiménez Godínez, éste tuvo la desfachatez de explicar que había pedido prestada la oficina de Mouriño, porque la Lotería Nacional carece de una propia en esa ciudad. No explicó por qué el favor que le hizo Mouriño incluyó el ser testigo de los tratos puramente comerciales que según dijo fueron materia de su conversación el Grupo Megamedia, al que pertenece el principal periódico de la península.
La comisión de diputados ha pedido a Mouriño y a Lavalle, así como a los representantes del Diario, que comparezcan esta semana para testimoniar sobre el caso. Estos últimos lo han hecho ya ante el Ministerio Público, y conocemos su versión de los hechos, cabalmente coincidente con la narración del propio periódico al dar a conocer el grave episodio. Mouriño y Lavalle pueden no acudir a San Lázaro, porque sus convocantes carecen de poder jurisdiccional. No podrán evitar, sin embargo, lo mismo que Jiménez Godínez, presentarse ante la PGR.
