Es natural que ante las violentas expresiones de la delincuencia organizada y los altos niveles de inseguridad e impunidad que existen en las calles de nuestro país, surjan discursos oportunistas que llamen a la venganza particular en contra de los delincuentes.
Es al Estado a quien por ley le corresponde la corrección pública y la defensa de los intereses ciudadanos, como lo son el derecho a la seguridad pública, patrimonial, etc. Y por ello existen los sistemas de procuración y administración de justicia.
Y si bien es cierto que los ciudadanos no contamos con la seguridad que necesitamos, la ruta no debe ser otra más que la que fija el sistema democrático: exigir, sancionar -el voto es una de esas herramientas- y encauzar penal y administrativamente a los funcionarios omisos e incompetentes.
Por ello, llama la atención las expresiones del presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el polémico Mauricio Fernández, quien desde su posición como funcionario público convoca a violentar las normas de la institucionalidad democrática.
Y he dicho al principio de estas líneas que es oportunista porque, independientemente del debate que deba darse alrededor del tema, buen favor le ha hecho a su partido, el PAN, al desviar la atención mediática del descontento por la aprobación del alza de impuestos, por el del surgimiento de presuntos escuadrones de la muerte.
Creamos por un momento que lo que dice el edil es verdad. Que existe un grupo paramilitar justiciero que se enfocará en el exterminio de secuestradores y narcotraficantes, y que lo hará no sólo al margen de la ley, sino con cierta complicidad y protección de las autoridades municipales.
Bien, entonces veamos qué nos dice la historia cuando se recurre a este tipo de soluciones extralegales. En Colombia, en los peores momentos de la guerrilla y el secuestro, surgieron grupos paramilitares, alentados por un ánimo de venganza popular.
Al paso del tiempo, esos grupos terminaron o bien cooptados por el narcotráfico o actuando de manera autónoma y cometiendo delitos en contra de la propia sociedad.
Por tanto, es de suponer que el edil Fernández Garza desconoce este proceso histórico y eso agrava el impacto que su estrategia -hasta ahora sólo publicitaria- de sembrar la duda respecto de comandar a escuadrones de la muerte, pueda alentar a grupos de la sociedad a atreverse a promoverlos o financiarlos.
Tampoco ayuda expresiones de algunos legisladores de su propio partido aplaudiendo esa actitud. Porque entonces, en los hechos, se está descalificando al Gobierno del propio presidente Felipe Calderón, puesto que su lucha antinarco, sería de tal fracaso que es necesario recurrir a grupos paramilitares.
Es irresponsable por dos razones: porque promueve entre la sociedad la tentación de la ilegalidad y porque desvía la atención de temas vitales que el país está procesando en este momento.
La sociedad espera que la dirigencia nacional del PAN se pronuncie al respecto y defina si apoya la ruta de la ilegalidad y de la descalificación en los hechos de la estrategia calderonista, plateada por el alcalde de su partido.
Y de la misma manera es de esperarse un posicionamiento público de la Procuraduría General de la República, que nos oriente como sociedad respecto de si esa es una ruta viable o si se está renunciando al Estado de Derecho.
Siendo funcionario, no puede promover la ilegalidad como estrategia para el combate a la delincuencia, porque en estricto sentido estaría incurriendo en el delito de apología del delito.
En el caso del alcalde, es de desear que su estrategia no denote en los hechos una falta de conocimiento de las funciones municipales.
Porque en términos de seguridad pública, de acuerdo con sus funciones constitucionales, debe evitar que se cometan delitos en contra de la ciudadanía, prevenir por medio de estrategias de disuasión.
El centro toral de la misión de los municipios debe ser la seguridad de sus habitantes y la de sus bienes.
En razón de ello no podemos dejar de tener en mente un elemento fundamental: En agosto de 2008, México Unido Contra la Delincuencia propuso ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en agosto de 2008, que se estudiara la posibilidad que la Policía Municipal pase a manos de los gobiernos estatales.
La razón de esta propuesta está fundada en el hecho de que muchos de los presidentes municipales no saben la función que les corresponde y muchos otros no cuentan ni con los recursos económicos ni humanos para profesionalizar a sus elementos policiales.
Adicionalmente la falta de continuidad en las políticas públicas, debido a que cada tres años deben dejar el cargo, con lo que se facilita que los grupos del crimen organizado los coopten o los asesinen.
Por último, como sociedad debemos recordar a nuestras autoridades que mientras el acceso a la justicia no sea un derecho igualitario para los mexicanos, mientras impunidad y corrupción estén siempre presentes, la desesperación social genera un campo fértil para tentaciones de venganza particular, pena de muerte o un rompimiento social con graves consecuencias.
María Elena Morera
