"Uno para ti, 19 para mí, porque soy el cobrador de impuestos."
George Harrison
¿Recuerda usted cuando el Gobierno nos decía que había hecho una "reforma fiscal" de fondo? No fue hace mucho tiempo. El actual presidente y el secretario de Hacienda ya estaban en funciones. Era 2007.
¿Cuánto tiempo se pudo mantener la pretensión de que esa reforma era la solución a los problemas fiscales del Gobierno? Ni siquiera dos años. Hoy ese mismo Gobierno se prepara para un nuevo cambio de reglas. Sólo que ya no pretende siquiera decir que se trata de una reforma fiscal. La propuesta parece ser simple y llanamente un aumento de impuestos.
Si bien no conocemos todavía la propuesta definitiva del Ejecutivo, una nota del periódico Reforma (29.08.09) devela un documento según el cual la Secretaría de Hacienda está proponiendo al presidente elevar la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas de 28 a 32 por ciento, aumentar el impuesto empresarial de tasa única (IETU) de 17.5 a 19 por ciento, aplicar una tasa generalizada de IVA de 12 por ciento o mantener la actual tasa de 15 pero aplicándola a alimentos procesados. Se buscaría también subir los ya altísimos impuestos especiales a vinos, licores y tabaco, así como aplicar nuevos gravámenes a la telefonía celular, refrescos, aguas embotelladas y alimentos de alto contenido calórico.
La mayoría de estas propuestas es contraria a lo que la experiencia internacional nos muestra como mejores prácticas fiscales. El aumento al Impuesto Sobre la Renta y al IETU castiga la productividad, el trabajo y la inversión por lo que empobrece al país. Un IVA generalizado tendría sentido, pero ya sabemos que el Congreso no lo aceptará, por lo que su inclusión en el menú de opciones es un ejercicio inútil. Tener IVA en unos alimentos y otros no, mantendría la actual complejidad del sistema fiscal que ya viola los principios fundamentales de sencillez, generalidad, proporcionalidad y equidad.
Aumentar una vez más los impuestos especiales, que son adicionales al IVA, castigará injustamente a algunas industrias y resultará contraproducente. El impuesto especial al vino, por ejemplo, ha impedido el despegue de la industria vitivinícola nacional al colocarla en desventaja frente a la cerveza y la producción vinícola de Chile, España o Alemania. El impuesto especial a las bebidas alcohólicas es ya tan alto que la mitad de las que se venden en nuestro país es ilegale o adulterada, lo cual genera un enorme problema de salud pública.
Los impuestos a los cigarrillos ascienden ya a un intolerable 160 por ciento; no hacen que la gente deje de fumar, pero sí se convierten en una persecución injusta sobre un grupo particular de la sociedad. Un impuesto especial a la telefonía celular atacaría una de las pocas industrias que ha logrado crecer en estos tiempos difíciles. Parecería que el propósito de la autoridad es gravar a muerte cualquier actividad exitosa que pueda mejorar la competitividad del país y crear empleos. Los impuestos especiales contra refrescos, agua embotellada y alimentos de alto contenido calórico serían altamente distorsionantes y tendrían un mayor impacto sobre las familias de menores recursos.
Entiendo la urgencia del Gobierno por buscar recursos. Su "reforma fiscal" de 2007 fue un rotundo fracaso. El problema es que una vez más el Gobierno busca aumentar los impuestos al pequeño y golpeado grupo de contribuyentes que sostiene a un Estado obeso e ineficiente en lugar de racionalizar el gasto público o de lanzarse a fondo a una verdadera reforma fiscal.
¿Para qué quiere más dinero el Gobierno? Para mantener el gasto del IFE, los partidos, los diputados, los senadores y la clase política, para continuar programas de gasto social que no han logrado reducir la pobreza, pero sí crear burocracias, para aumentar el gasto policial que no ha disminuido la inseguridad, pero sí incrementado el consumo de drogas, para mantener los costosos monopolios del Gobierno.