"El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente."
John Randolph
Los consejeros del IFE decidieron echar para atrás el intento de darse un mayúsculo aumento salarial. La reacción negativa de la opinión pública fue tan devastadora que se dieron cuenta que su esfuerzo por mantener la credibilidad del IFE habría naufragado de mantener el alza.
Pero cuidado. Los consejeros no cancelaron definitivamente el incremento. Dejaron abierta la puerta para que en el futuro ellos, o sus sucesores, puedan recibir el monto total de la remuneración millonaria que se les había programado.
El problema está en la legislación. El artículo 41 de la Constitución, redactado por los diputados y senadores como si se tratara de una ley secundaria y no de un precepto constitucional, llega al detalle de señalar: "La retribución que perciban [los consejeros del IFE] será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." El aumento que la Junta General Ejecutiva del IFE ordenó a petición de los consejeros no hacía más que homologar sus ingresos a los niveles registrados para los ministros de la Suprema Corte de Justicia en 2008
Pero el ajuste no se ha cancelado. Los consejeros no están desconociendo o rechazando el acuerdo de la Junta General Ejecutiva. "Lo que va a ocurrir es que nosotros, reconociendo ese acuerdo, no vamos a aceptar ese beneficio del acuerdo que tomó la junta", me dice el consejero Arturo Sánchez.
En otras palabras, los contribuyentes no nos vamos a ahorrar ni un centavo por la decisión de los consejeros de no recibir el aumento. El dinero ya está presupuestado; y si algo saben los burócratas, es que dinero presupuestado no se regresa al erario, porque el año que viene no se presupuesta ya.
Los recursos simplemente se gastarán de forma diferente. ¿Cómo? No lo sabemos todavía. Pero el consejero Sánchez sugiere: "A nosotros nos gustaría, una primera idea, que fuera utilizado para fortalecer a los sectores del Instituto que reciben menos ingresos por su situación laboral aquí." El dinero, pues, podría repartirse entre la burocracia del IFE.
Muchos de los comentaristas políticamente correctos -o políticamente interesados- han omitido señalar en sus análisis que el aumento que autorizó la Junta General Ejecutiva del IFE no estaría solamente ajustando los ingresos de los consejeros a lo que dice la Constitución, al equipararlos con los de los ministros de la Suprema Corte, sino que los estaría regresando al nivel que tenían los consejeros electorales originales. Éstos, hoy dedicados a tareas abiertamente políticas y que algunos consideran como verdaderos héroes de la democracia, percibieron en su momento esas generosas cantidades que hoy se escatiman a los nuevos consejeros. Pero además, a los consejeros de entonces se les permitía obtener ingresos adicionales, cosa que ahora se prohíbe a los actuales.
El IFE y los partidos políticos son, por supuesto, instituciones sumamente caras para los contribuyentes. En este 2009, en una elección intermedia (esto es, sin comicios para presidente o senadores), gastarán 12,180.7 millones de pesos de dinero público, si respetan el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto no es poco si consideramos que en 2006, cuando hubo elecciones para presidente, senadores y diputados, el IFE y los partidos tuvieron un presupuesto público de 12,920.6 millones de pesos (pac2006.ife.org.mx). Pero además, en el 2006, según Fernando Agiss Bitar, secretario técnico de la comisión de fiscalización del IFE (El Universal, 23 abril 2007), el 70 por ciento del dinero de los partidos políticos se usó para compra de tiempos de medios. Hoy los partidos se han adjudicado esos tiempos sin pagar por ellos. Lo lógico, pues, es que el ahorro hubiese sido muchas veces mayor.
La culpa, sin embargo, no es de los consejeros del IFE. Han sido los partidos políticos los que, a través de sus diputados y senadores, han redactado leyes para hacer costosas las elecciones y aprovechar ese dinero. Incluso los enormes sueldos de los consejeros son parte de la maniobra. La idea es hacer tan rentables los cargos del IFE que los ocupen personas de prestigio que den legitimidad a los procesos con los que los partidos mantienen su monopolio sobre el poder y sobre los recursos públicos. El negocio, así, se vuelve redondo.
Estamos, por si usted no sabía, en tiempo de precampaña. El propósito de este período es permitir a los ciudadanos conocer las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular. Para eso se han entregado a los partidos millones de spots en radio y televisión. Pero ¿cuántos precandidatos ha visto o escuchado usted? Yo sólo he visto a Andrés Manuel López Obrador, quien ya es "presidente legítimo" de México y dice no querer ser candidato a otro puesto, y Jesús Ortega, quien ocupa la presidencia del PRD y no se está postulando para nada más. La verdad es que los partidos están ya haciendo campañas y bombardeándonos con su propaganda. Hasta donde puedo entender, están violando la ley al adelantarse a los tiempos de campaña.
