Al margen del cúmulo de supuestas irregularidades (40 en total) detectadas por la Secretaría del Trabajo, la negativa de toma de nota a la reelección de Martín Esparza Flores como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tiene como trasfondo ablandar al organismo.
Debilitado su liderazgo, linchadas sus estrategias de lucha ante la opinión pública, congeladas sus cuentas, exhibidos los privilegios de los trabajadores frente a la precariedad de Luz y Fuerza, la mesa estaría lista para el golpe, es decir, renegociar el Contrato Colectivo de Trabajo.
La disyuntiva es simple: se bajan las prestaciones por la vía de un acuerdo, o se baja el switch de la empresa pública, cuyo relevo lo asumiría la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y aunque en la ruta habría una estación intermedia, es decir, plantear un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, lo que implicaría someter al arbitraje de la Junta Federal de Conciliación un emplazamiento para desmantelar las cláusulas más onerosas para la empresa, alegando su imposibilidad de seguir operando, el procedimiento resultaría desgastante para las partes.
De hecho, el cálculo habla de la posibilidad de unificar a tirios y troyanos, es decir, unificar los partidarios de Esparza y sus opositores, en el objetivo común de la defensa gremial.
Y si le seguimos, dos años después de que Mexicana de Aviación planteara un procedimiento similar, la resolución a favor de su causa aún no se puede aplicar, debido a los recursos planteados por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).
De hecho, el asunto rebotó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La idea, pues, es lograr un acuerdo como el alcanzado con el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, por el que se permitió la desmantelación del Contrato-Ley de la industria, aceptándose, por ejemplo, la reubicación de funciones, el aprovechamiento de multihabilidades de los trabajadores, el fin del escalafón ciego
De hecho, en el intento ya hubo dos reuniones de las bases con el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en que por primera vez, pese a la rechifla generalizada, se llegó a tocar el asunto.
Renunciar pues, en forma voluntaria a derechos adquiridos durante una larga lucha que se inició a la nacionalización, en 1961, de la empresa extranjera que ofrecía el servicio.
El argumento central habla de la imposibilidad del gobierno de mantener vivo el subsidio para operación que se otorga a Luz y Fuerza, cuyo monto asciende a 40 mil millones de pesos.
El monto representa 70% de la recaudación esperada de 71 mil 775 millones de pesos de aprobarse el polémico IVA enmascarado a tasa de dos por ciento y tabla rasa, y poco menos de la mitad de los 21 mil 15 que se obtendrían de aumentar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios a cerveza, bebidas alcohólicas, tabacos labrados, juegos y sorteos, y redes públicas de telecomunicaciones.
Lo cierto es que al margen de la proverbial combatividad del Sindicato Mexicano de Electricistas; su alineación contra las intentonas privatizadoras; su alianza con las fuerzas progresistas del país, su fuerza es directamente proporcional a la debilidad del gobierno.
Colocada durante años la Espada de Damocles sobre la ex Compañía de Luz y Fuerza del Centro, bajo el agregado de En liquidación, las dos palabras fueron borradas por decisión del ex presidente Carlos Salinas De Gortari, lo que garantizó la supervivencia de la paraestatal.
Más allá, la debilidad o la complicidad de los directores generales permitió que el sindicato tuviera capacidad de veto sobre las decisiones administrativas, que oscilan desde el nombramiento de funcionarios hasta la suspensión o despido de trabajadores acusados de actos de corrupción.
Adicionalmente, las prerrogativas llegaron en cascada, desde el cancelar el pago del servicio a los trabajadores activos y jubilados, hasta el ofrecerles la posibilidad de 140 días económicos al año, es decir pago sin trabajar, además, naturalmente, de una jubilación temprana.
El gobierno, pues, engordó la serpiente que hoy se pretende matar a periodicazos. Que si el padrón de votantes era de 41 mil 995, y votaron 66 mil 388, por más que se soslaya que los jubilados también tienen derechos sindicales; que el sindicato prepara un sabotaje a las instalaciones para crear un caos en el centro del país; que el numerito del bloqueo del Periférico Sur será de risa frente a lo que se prepara
Por lo pronto, el enfrentamiento frontal entre un ejército de trabajadores agraviados y un gobierno cuestionado por su nula efectividad frente a la crisis, le coloca un ingrediente más de tensión social al país.
¿Mueran los privilegios de la élite de los trabajadores?
De acuerdo a la última revisión de sus pronósticos macroeconómicos realizada por la empresa Consultores Internacionales, el escenario pasó de catastrófico a patético.
La economía tendrá una caída al término del año de entre 7.4 a 8.2 por ciento, en tanto el desbalance presupuestal reflejaría un déficit de entre 2.5 y tres por ciento del PIB.
La tasa de inflación acabaría entre 4.8 y 5.2 por ciento.
En el terreno del empleo, habría una pérdida de entre 626 y 690 mil plazas.
El tipo de cambio llegaría a entre 13.50 y 14.20 pesos por dólar, con un ingreso por remesas de entre 19 mil 500 a 22 mil 500 millones de dólares, frente a los 25 mil 144 del 2008.
MÁS DE LO MISMO A contrapelo de los llorosos propósitos de enmienda del gobierno federal tras haber elevado el gasto corriente a niveles de escándalo, hete aquí que tal y como lo plantea el presupuesto para el año próximo, habrá más de lo mismo.
El ahorro, pues, se quedó en el papel, pese a la desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública.
Si el año pasado el rubro de "servicios personales", es decir el pago a servidores públicos por concepto de salarios y prestaciones, se ubicaba en 475.9 mil millones de pesos, para el 2010 se prevee una erogación de 562.1 mil, lo que implica un incremento de 7.3 por ciento.
La austeridad, pues se hará en los bueyes de mi compadre.
NI CON EL PÉTALO Reconocido por el Instituto Federal Electoral el incumplimiento de contrato por parte de la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, cuyo compromiso era instalar 150 centros para monitorear el cumplimiento de los medios electrónicos en la transmisión de spots para la última campaña electoral, las señales apuntan a un par de amonestaciones, y asunto que se acabó.
A quién le importa si el contrato fue de 25 millones
Total, en este país nunca pasa nada.
LUPA A MÉXICO La tercera calificadora de deuda de los Estados Unidos, Fitch Ratings, acaba de insistir en que mantiene bajo la lupa al país en la posibilidad de degradarle la calidad crediticia.
De no alcanzarse un presupuesto solvente, pues, se le bajarían dos escalones, colocándolo en BBB-, es decir el rango más bajo para los países que cuentan con el llamado "grado de inversión".
