El eje, el punto fino, el meollo del asunto en el pleito entre un prominente grupo gasero y un consorcio periodístico se ubica en la negativa de éste de acatar una resolución judicial que le obliga a desdecirse de lo que se calificó como calumnia
De acuerdo a una sentencia definitiva dictada por el juez 44 de lo Civil en el Distrito Federal, Juan Manuel Pérez León, las revistas Fortuna, negocios y finanzas, Contralínea, Contralínea Chihuahua, así como en sus respectivos sitios de internet, estaban obligadas a publicar íntegra la resolución, en un plazo de cinco días a partir de la publicación de ésta.
De acuerdo al criterio del togado, la posibilidad no era canjeable por la entrega de una indemnización al quejoso, es decir, Jesús Zaragoza López, propietario del grupo gasero Zeta, al que integran más de 80 empresas en el país y el extranjero, aún cuando se señalaba a la letra que "no existe impedimento para que se haga el resarcimiento del daño moral de la forma en que lo contemple la ley".
Tampoco se mencionó cuál de las partes debía cubrir el pago de las costas del juicio.
El caso es que los periodistas afectados, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, presentaron de inmediato un recurso de apelación que rechazó por unanimidad de votos de sus tres ministros la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 24 de septiembre de 2008.
La posibilidad se jugaría posteriormente en una solicitud de amparo, que a su vez rechazaría el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el ocho de enero de 2009.
Colocadas así las cartas, un juez emitió una orden de arresto contra los periodistas bajo cargos de desacato, que se cumplió en el caso de Badillo, por más que horas después saldría libre bajo fianza.
En el jaloneo, se habla de intentos de allanamiento policiaco a las instalaciones de la empresa editora de las publicaciones.
Los agravios que documenta el denunciante hablan, a la letra, de publicaciones denigrantes de hechos falsos e infundados, "que sólo buscan menoscabar el decoro, honor y reputación que tiene como empresario, así como su vida privada".
La denuncia habla a la letra de tres cabezas de portada: "El poder de Jesús Zaragoza López"; "Investigan a Grupo Zeta por 'lavado' de dinero" y "Funcionarios de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos petroleros".
En su alegato, Zaragoza López habla de que habiéndose concedido dos entrevistas a la publicación para puntualizar lo que califica de ataques, éstas fueron tergiversadas.
En los considerandos de los jueces y ministros que conocieron del caso se alude a un escándalo suscitado hace 15 años, cuando se descubrió que camiones del Grupo Zeta transportaban drogas, lo que motivó una investigación en la que la firma resultó exonerada.
De hecho, existe un documento oficial del gobierno de Estados Unidos, concretamente de la DEA, en que se rechaza nexo alguno entre la compañía y quienes colocaron los enervantes. Textualmente, en su rechazo a la solicitud de amparo, los magistrados hablan de que se muestran como actuales hechos del pasado, "induciendo a pensar o imaginar que el actor ha participado en actos de corrupción".
Más allá, se anota que la acusación de lavado de dinero es infundada, dado que no existe proceso alguno en el país o en el exterior que lo avale.
Según los textos, en paralelo, es falso que Zaragoza López hubiera reconocido tener deudas fiscales en Estados Unidos. Además, se aduce que existió un manejo doloso de la información en relación a los aviones y buques-tanque que posee el grupo Zeta, dado que éstos son indispensables para el cumplimiento de sus fines.
Más allá, se señala que es infundada la acusación de monopolio, cuando existen más de 700 empresas en la competencia.
Adicionalmente, se habla de corruptelas e influencias en la obtención por parte de Petróleos Mexicanos de un permiso para construir y operar una terminal de almacenamiento en Manzanillo, demostrando la firma haber cubierto todos los requisitos legales solicitados por las dependencias federales, estatales y municipales.
En paralelo, se señala que la empresa se ha negado a pactar acuerdos con la competencia, soslayando que la Ley Federal de Competencia Económica los prohíbe, además de que manipula los precios, cuando es la Secretaría de Hacienda quien los impone.
Las entrevistas se publicaron en los meses de marzo y junio de 2007.
La sentencia original señala que "se rebasó el límite del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información y se incurrió en un ataque al honor del actor".
Donde el horno está al rojo vivo es en la Concamin. Hete aquí que tras el retiro del tercero en discordia, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Químico-Farmacéutica, Guillermo Schiefer, la pelea se volvió sorda entre el candidato oficial a suceder a Ismael Plascencia en la presidencia del organismo, Raúl Rodríguez Márquez, y el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Salomón Presburguer, hasta llegar a las patadas bajo la mesa.
El primero provocó la renuncia de uno de los ex presidentes de la cúpula industrial que integran la Comisión de Auscultación, acusándolo de parcialidad.
El segundo filtró que Rodríguez no dejó buenas cuentas a su paso como funcionario del gobierno de Zacatecas, es decir, secretario de Planeación y Finanzas de Ricardo Monreal.
Rodríguez Márquez es actualmente director de Relaciones Institucionales del Grupo Modelo.
La intención es llegar a la culminación del proceso, el próximo mes, con un candidato único, es decir, sin necesidad de urnas para ungirlo, una vez auscultado el sentir de las Cámaras y asociaciones integradas a la cúpula.
¿SABA EN LA LONA?
La noticia es que la segunda calificadora de deuda de Estados Unidos, Moody's, le retiró la calidad crediticia otorgada a la distribuidora mayoritaria de mercancías, con énfasis en medicinas, Casa Saba, propiedad de Isaac Saba Raffoul.
La exposición de motivos habla de "carencia de información adecuada", es decir, la firma se cerró al escrutinio.
Hasta antes de la medida se habían colocado las calificaciones de la empresa en revisión para posible baja, tras reducirlas drásticamente ante lo que se ubicaba como factores de riesgo de sus negocios en lo general.
Casa Saba tomó la estafeta de Casa Autrey a la debacle de los empresarios que la habían fundado.
CRECE ALCATEL-LUCENT
La firma global Alcatel-Lucent acaba de abrir un centro de Ingeniería en el Desarrollo de Redes y un Competen Center en nuestro país, con lo que jaló plazas que tenía en el exterior.
El primero concentra la investigación y desarrollo tecnológico de la compañía. El segundo incorpora ingeniería, manufactura y productos que ahora se desarrollan en México.
La posibilidad se abrió gracias a los estímulos que ofrecen la Secretaría de Hacienda y el Conacyt para salvar los empleos en el país.
