Muchos nos preguntamos con frecuencia por qué ha tocado a México bailar con la más fea en los últimos años.
Además de los dramáticos índices de violencia, este año estalló una nueva crisis económica que puso a gobernantes, empresarios y pueblo a batallar en serio.
Por si fuera poco las clases políticas siguen montadas en su macho y no existe poder humano que las haga entrar en razón para acordar de manera civilizada las reformas que requiere la sociedad mexicana.
La transición democrática, iniciada en el año 2000 con la llegada al poder del primer Gobierno de Oposición, permanece estancada.
Existe un mayor reparto de posiciones de poder entre los partidos políticos, pero ello no se ha reflejado en una mejor calidad de vida de los mexicanos, vaya, ni siquiera en una vida democrática intensa.
Basta voltear a ver los altos niveles de miedo y terror bajo los que viven millones de mexicanos para darnos cuenta que la seguridad es uno de los grandes rezagos en esta nueva etapa de la vida en México.
Hace unas horas leíamos impactados que en este año se han registrado diez asesinatos de periodistas en territorio mexicano. Tocó a Vladimir Antuna García de 39 años de edad y reportero de El Tiempo, en Durango, recibir el inmisericorde castigo de los narcotraficantes por publicar información que incomodó a los hoy señores feudales.
Hace unas semanas un funcionario de un estado norteño amaneció colgado y desnudo con huellas evidentes de tortura en un puente de una vialidad transitada. El pecado de la víctima fue filtrar una foto de un cabecilla del narcotráfico, quien había obtenido una licencia de manejar con nombre falso.
Las amenazas, venganzas, ejecuciones, secuestros e intimidaciones ya no tienen límite y lo peor es que igual atacan a policías y militares que a miembros de la sociedad civil.
Las razones de esta descomposición social que vive México son muchas y muy complicadas. Para algunos analistas se trata de un efecto del sistema de corrupción que vivió México durante varias décadas.
Ahora que se intenta restaurar la Ley y desterrar la impunidad surgieron grupos delictivos de todos los colores, tamaños y peligrosidades que no desean perder sus privilegios.
Prácticamente cada estado de la República cuenta con su propia mafia y en la mayoría de los casos operan de manera altamente sofisticada y organizada.
En países como Colombia y Perú lograron frenar de tajo a los grupos de narcotraficantes a través de diversas estrategias en donde predominó la fuerza del Estado con el respaldo de la sociedad.
En Colombia el nivel de hartazgo social en los años ochenta y noventa fue tal que los grupos civiles se organizaron para exigir al Gobierno aplicar mano dura en contra de las bandas del crimen organizado.
Pero a estas alturas en México todavía no nos ponemos de acuerdo en la estrategia. La campaña frontal del Gobierno de Felipe Calderón ha sido regateada por los partidos de Oposición e incluso por intelectuales que todavía piensan que se puede negociar con las mafias del crimen o que al legalizarse las drogas la violencia pasará a mejor vida.
Días atrás escuchamos atónitos cómo los intelectuales Jorge Castañeda y Rubén Aguilar proponían una salida negociada entre Gobierno y mafias. Palabras más, palabras menos, dijeron que no se trata de un acuerdo formal entre el presidente Calderón y el "Chapo" Guzmán, pero sí de establecer una especie de tregua para dejar trabajar al narco, quien a su vez dejará de atacar a la sociedad.
Si así piensan dos destacados personajes pensantes de México, ¿qué podemos esperar de los gobernantes y de los diputados y senadores? La solución para México no se avizora fácil ni cercana, es probable que deba pasar toda una generación para que el cambio real se imponga en un país que indudablemente merece mejores tiempos y gobiernos.
