Entre las muchas cosas negativas que no han cambiado en este país con la alternancia y la democracia partidista se encuentra la corrupción, la cual en vez de disminuir, se incrementa año con año.
Al menos eso puede deducirse del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la organización Transparencia Internacional, con base en encuestas diversas aplicadas a expertos y empresas transnacionales y de los países evaluados. La calificación se da en una escala de 0 a 10, en donde 0 representa una percepción de muy corrupto y 10 percepción de ausencia de corrupción.
En el reporte IPC de 2009 México se ubicó en el lugar 89 de 180 con una pobre calificación de 3.3, muy lejos de países como Nueva Zelanda y Dinamarca, que con puntuaciones de 9.4 y 9.3, respectivamente, ocuparon los primeros dos lugares. Es de llamar la atención que en los últimos 5 años, nuestro país ha descendido 25 lugares en la tabla.
Si bien estos números no nos dicen otra cosa sino que México continúa siendo visto por nacionales y extranjeros como un país con altos niveles de corrupción, el costo que ésta representa pone en perspectiva la gravedad del problema. Según Jorge Vargas, consultor e investigador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro país pierde al año en promedio 97 mil 500 millones de pesos, es decir, el 14.8 por ciento del total de las compras realizadas por el Gobierno.
Pero es quizá la realidad cotidiana de millones de mexicanos la más elocuente sobre este lastre social. Por ejemplo en nuestra región, La Laguna, es difícil encontrar a alguien que nunca se haya enfrentado a un acto de corrupción, ya sea de un agente de Tránsito, de un empleado de oficina gubernamental, de un policía, un agente del Ministerio Público, un prestador de servicios públicos, incluso, entre particulares.
La corrupción en México es, desgraciadamente, casi una forma de vida. Además de las cuantiosas pérdidas económicas que ocasiona, trae graves consecuencias como el aumento de la desigualdad social, la disminución de la credibilidad en las instituciones y, en suma, contribuye a la descomposición del entramado social.
Para la mayor parte de los especialistas, gran parte de la solución a este problema radica en la educación, que en México es precisamente uno de los sectores más afectados por la corrupción, gracias a las autoridades, gracias al sindicato. Habría que empezar por ahí entonces.
