Participación. Especialistas en materia de Derecho Penal y Constitucional aseguran que se debe legitimar la participación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada.
Como parte de la prevención del delito no se debe contemplar la militarización, éste es el principal problema que existe dentro del Estado mexicano: creer que con estas medidas se combate al crimen, aseguró el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Rogelio Estrada Pacheco.
"Se debe hacer uso del Ejército únicamente en una situación de caos, esta institución no está capacitada para está función, a los militares no corresponde hacer frente a la delincuencia organizada".
POLÍTICAS
Sin embargo, consideró que con una sociedad organizada y con la cultura de la denuncia se va a detener a los presuntos responsables de la comisión de un delito.
Hasta el momento puntualizó que las políticas anticrimen del Gobierno Federal han sido equivocadas y no han dado resultados; "se requiere de una política de la prevención y participación ciudadana para hacer frente a la delincuencia".
PARTICIPACIÓN
El presidente del Instituto Mexicano del Amparo, Ignacio Burgoa Llano, aseguró que la referencia constitucional es muy clara, la finalidad del Ejército Mexicano es la salvaguarda de la soberanía nacional, o cuando el Constituyente esté en situación de guerra.
Dijo que como estudioso del tema en el país se presenta una situación grave, donde no se puede tapar el sol con un dedo, por ello ha sido necesaria la participación de los militares en el combate al crimen organizado.
PROPUESTA
Por lo anterior propuso que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ejerza el artículo 29 constitucional de suspender las garantías individuales y legitimar la actuación del Ejército.
Lo anterior ante la incapacidad de los cuerpos policiacos, es decir, que se aplique una legislación de emergencia; "si así se hiciera se pudiera sustentar la participación del Ejército".
UNIFICACIÓN
La delincuencia organizada no es un problema que sólo se presenta en el país, sino que es universal, además no puede resolverse con leyes ni con discursos, se tiene que hablar de una unificación de esfuerzos y de una sociedad misma con un enfoque a la fuerza del poder público y la educación.
Dijo que la solución al problema de inseguridad no radica en las modificaciones del marco jurídico ni la implementación de nuevos sistemas, eso es iluso y engañoso; "es infantil creer que con esto van a disminuir los hechos delictivos".
COINCIDENCIAS
Por su parte José de Jesús Naveja Macías, presidente nacional de la Academia de Derecho Constitucional, coincidió en la postura de Ignacio Burgoa Llano en el sentido de hacer uso del artículo 29 constitucional que se refiere a la suspensión de garantías, lo que no implica instaurar un Estado autoritario.
El especialista en Derecho Constitucional consideró relevante la importancia de realizar algunas modificaciones a la Ley de Amparo, además de subir los tratados en materia de Derechos Humanos a un rango internacional para beneficio de las personas.
