Sometido a fuego cruzado el intento del Senado de dotar de nuevas facultades al Banco de México para regular el comportamiento de las tasas de interés, la Comisión Federal de Competencia colocó en charola de plata la posibilidad de una salida airosa de los legisladores
Estamos hablando de endurecer los controles a los bancos para evitar abusos contra los usuarios
Apretón de tuercas para bajar las tasas sí, sólo que por la vía del combate a la posibilidad de distorsiones de éste, bajo mecanismos como cárteles o concentraciones ilícitas. Una por otra, pues, en un marco en que la cargada enfureció a las bancadas de cara al interés mayoritario que defendían, en un horizonte en que los niveles alcanzados por los réditos vuelven impagables los préstamos al consumo, para no hablar de los productivos.
Se diría que las autoridades le hicieron el coro a la Asociación de Bancos de México, al punto de confundirse las voces.
Los casos más patéticos son el del Banco de México y la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.
El primero, a contrapelo de los estudios que ha realizado para documentar los abusos de las intermediarias de capital extranjero instaladas en el país, cobrando comisiones que en sus matrices serían un escándalo, de plano rechazó la posibilidad de nuevas facultades, aduciendo que sólo el mercado y nada más el mercado es el que puede castigar los excesos, y que, últimamente, algunos bancos ya están premiando a sus clientes cumplidos con baja de tasas.
La segunda, en reniego de la misión que le da sustento desde hace una década, se colocó como el más diligente acólito de los banqueros, asumiendo posturas más radicales que las de éstos en su defensa.
De lo patético de la escena hablan las virulentas respuestas de los legisladores que concurrieron a la consulta.
La propuesta del organismo autónomo encabezada por Eduardo Pérez Motta habla de promover con más rigor el escenario de competencia que se abrió en 2007, cuando se redujo el capital mínimo requerido para operar un banco; se creó la figura del banco de nicho; se transparentaron los cobros a los usuarios y se facilitó la posibilidad de traspasarse las cuentas de nómina.
Estamos hablando, por ejemplo, de facilitar el transporte de las cuentas de los usuarios hacia opciones más competitivas, en un escenario en que está vedado el paso hacia las nuevas intermediarias.
Dicho con todas las letras, hasta hoy se vuelve misión imposible para la clientela traspasar, por ejemplo, una cuenta de cheques o de ahorro, alegando el banco que no puede hacerse mientras haya un saldo a su cargo en la tarjeta de crédito
Estamos hablando, pues, de vicios anticompetitivos como ventas atadas, precios multidimensionales y cobros en letra chiquita. El usuario, pues, está atrapado sin salida.
De acuerdo con la propuesta de la CFC, el círculo vicioso debe romperse al cambio de reglas que obliguen al trámite de banco a banco, además de exigir a los bancos de origen a proceder a transparentar listas de cuentas y servicios, así como establecer procedimientos estandarizados de traspaso.
Desde otro ángulo, se plantea que se rompa con la tradición de las tarifas interbancarias, aduciendo que inhiben la competencia. En paralelo, se plantearía laxar los requisitos que se exigen para la apertura de sucursales, algunos de los cuales se califican abiertamente de innecesarios.
El punto sensible para la causa común de banqueros, Secretaría de Hacienda, Banco de México y Condusef, sin embargo, lo plantea la exigencia de garantizar un acceso competitivo a la infraestructura esencial, es decir, romper el dominio de los intermediarios grandes en las llamados swtches del sistema de tarjetas de pago y los burós de crédito, que a juicio de la instancia antimonopolio promueven incentivos para restringir la entrada y el crecimiento de nuevos competidores.
La salida habla de prohibir la integración vertical de los bancos hacia esos instrumentos, estableciendo condiciones mínimas de acceso para todos los competidores.
En ese mismo tenor, el pez grande se come al chico en el escenario de las tarifas interbancarias por uso de cajeros, en perjuicio de quienes no cuentan con una red extensa de cajeros y sucursales.
Más aún, las tasas de intercambio asociadas con las tarjetas de pago, sean de d crédito, pueden ser un instrumento para bloquear la competencia e incrementar los márgenes de los bancos.
La propuesta habla de transparentar la metodología para el cálculo de las tarifas que utiliza la Asociación de Bancos de México, además de asegurarse que éstas se fijen con el único objetivo de promover el desarrollo eficiente del mercado.
Ahora que el paquete habla de elevar las sanciones monetarias por prácticas monopólicas, en un marco en que las multas actuales le causan risa a los infractores.
El monto máximo por prácticas monopólicas absolutas alcanza 82.2 millones de pesos, y por relativas 49.3 millones.
En la urgencia de apretar tuercas se habla incluso de establecer sanciones penales por colusiones entre competidores para fijar artificialmente precios altos; restringir la oferta de bienes y servicios, y eliminar opciones al segmentar el mercado. ¿Moneda de cambio?
Colocada en el terreno del absurdo la posibilidad que empuja a trasmano el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para llevar a la presidencia y dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dado el eco aún del escándalo provocado por la revelación de sus conversaciones telefónicas picosas grabadas ilegalmente, ahora resulta que el ex funcionario está más que puesto. De hecho, lo estaba desde antes de renunciar (¿o de ser renunciado?) a la dependencia.
Hete aquí que días antes había sostenido una conversación con un accionista del mercado bursátil, quien le había deslizado que estaban buscando a un sustituto para Guillermo Prieto Treviño, a quien ya no aguantaban.
- Y por qué no yo?, dijo el aún funcionario ante la sorpresa del interlocutor. "Total, no creo durar mucho en el puesto".
El run run llegó a su amigo del alma que despacha en el banco central. El desenlace de la telenovela está por verse.
JAQUE AL REY
En lo que constituye un formidable reto para la administración pública, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias prepara una evaluación de los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sobre la base de calificaciones en escala del uno al 10.
El ejercicio lo realizarán dos docenas de expertos, ya administradores públicos, contralores, politólogos, académicos, analistas
La idea es ubicar parámetros comparativos que permitan una base de calificación equitativa, es decir, que el cinco al Ejecutivo sea comprable con el tres del Judicial o el seis del Legislativo.
La evaluación, pues, sacará chispas.
