No desolada como era de temerse, pero sí escasamente concurrida fue anteanoche la ceremonia del Grito en Morelia, un año después de que un atentado con granadas causó la muerte de ocho personas y heridas a decenas más. A menos que se crea la versión oficial que incrimina a tres personas que no fueron aprehendidas por autoridades, no hay noticia sobre los móviles y los perpetradores de la grave agresión terrorista.
Una semana después del ataque indiscriminado a la población civil, que ha dejado graves secuelas en los sobrevivientes y en los deudos de las personas fallecidas, la organización criminal conocida como La Familia Michoacana detuvo a tres presuntos miembros de Los Zetas, el agrupamiento armado de la banda del Golfo contra el que libra cruentas batallas y los puso a disposición de la Procuraduría General de la República, que se había hecho cargo de la averiguación previa. Sin que entonces ni después se reflexionara en la ilegalidad en que se basa un proceso iniciado con la comisión de varios delitos, desde entonces se ha recaer la responsabilidad en Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza, sujetos a proceso desde noviembre pasado y cuyo juicio no ha terminado no obstante el largo periodo transcurrido. Ninguno de los tres acepta la responsabilidad que se les imputa. Alegaron desde siempre -y sus esposas repitieron el argumento apenas el lunes-que la noche del Grito en Morelia ellos se encontraban en Lázaro Cárdenas, el gran puerto michoacano que, junto a su pujanza se ha hecho famoso como centro de varias formas de criminalidad en Michoacán.
Al día siguiente del atentado moreliano, La Familia se exculpó a sí misma de haberlo cometido y achacó el crimen abominable a sus rivales, Los Zetas. Para sustentar su dicho, secuestró a tres personas, bajo tortura los aleccionó para que se responsabilizaran del ataque y los entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada, SIEDO, que sin empacho jurídico alguno -que debía tener varios, pues recibía a víctimas de privación ilegal de la libertad y tortura- los aceptó, los hizo suyos, los trasladó de Morelia a sus oficinas de la Ciudad de México y luego de amañados interrogatorios ministeriales -en cuyo curso se admitió la presencia de miembros de La Familia- los sometió a arraigo y finalmente los consignó a un juez federal en Nayarit que los está juzgando por delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, posesión y portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.
Según el relato de Rosas Elicea, una pandilla de bandoleros lo atrapó el 23 de septiembre en su negocio de materiales para construcción en aquel puerto. Entre maltratos fue reunido con Mondragón Mendoza y Castro Galeana. El primero había sido capturado el 18 de septiembre y obligado a decir nombres de conocidos a los que se pretendía involucrar en una maniobra. Mencionó entre otros a Castro Galeana, secuestrado el día 20 y el de Rosas Elicea, a quien conocía por su actividad comercial ya que se dedica a la construcción y alquila maquinaria pesada.
Después de varios días de tortura, narrada en un reportaje de Jorge Carrasco Araizaga (Proceso, 13 de septiembre), Rosas Elicea fue entregado a la SIEDO por la Familia, hechos que el detenido ignoraba, pues malherido y cosificado fue llevado de un lado a otro sin plena conciencia de lo que ocurría. El maltrato se extendió hasta las oficinas de lo que después supo que era la Subprocuraduría. En el interrogatorio ministerial estuvieron presentes quienes lo habían secuestrado, para asegurarse de que repetirían su autoincriminación, como también hicieron sus compañeros de cautiverio.
La estrecha relación mostrada en ese terrible episodio, entre la PGR y La Familia Michoacana se rompió meses más tarde, cuando se acometió contra la banda que había surtido a la autoridad a los responsables de un crimen que todo el mundo deseaba que no quedara en la impunidad. No obstante ese buen servicio, el Gobierno Federal se ha propuesto desmantelar a La Familia y a sus contactos con la política local. El 26 de mayo, en una redada insólita, fueron detenidos diez alcaldes en funciones y veinte funcionarios estatales y municipales, entre los que se hallaba el procurador de Justicia del estado y la ex secretaria de Seguridad Pública. Esas detenciones generaron una crisis política, un distancimiento que casi llegó a ruptura entre el Gobierno Federal y el gobernador Leonel Godoy.
El embate contra La Familia continuó con detenciones de miembros de esa banda y otros de sus presuntos cómplices. El 9 de julio fue aprehendido el ex alcalde de La Huacana, Mario Manuel Romero Tinoco, que había terminado su gestión en 2007 al cabo de un trienio de Gobierno ejemplar, como se aprecia en la documentada denuncia publicada por Carmen Aristegui (Reforma, 11 de septiembre). Todavía el 4 de septiembre fue capturado en Nueva Italia, cabecera del municipio de Francisco J. Múgica, el alcalde en funciones Armando Medina Torres, a quien tiempo atrás se negó el amparo que solicitó en nombre de los 55 presidentes municipales priistas de Michoacán.
La guerra entre La Familia y el Gobierno Federal se recrudeció tras el asesinato de 12 agentes de la Policía Federal, perpetrado bárbaramente el 13 de julio, en represalia por la detención de Arnoldo Rueda Medina, "La Minsa",el jefe de más alto nivel hasta ahora aprehendido.
