Los menonitas y los mormones de Chihuahua, comunidades laboriosas y austeras por excelencia, están en riesgo porque son extremadamente vulnerables en una entidad de inseguridad creciente, la de mayor criminalidad en el país. En noviembre del año pasado, los menonitas dieron la voz de alarma: cerraron durante un día sus negocios en el municipio de Cuauhtémoc, en protesta por la violencia que padecen en la comarca, donde han sido víctimas de secuestros y actos de extorsión.
Los siguieron en mayo los mormones del municipio de Galeana. Lo hicieron en circunstancias dramáticas. Erick LeBaron, de 16 años, fue secuestrado y sus captores pidieron por su libertad un millón de dólares. No era un asunto que atañera sólo a su familia inmediata. La comunidad lo tomó como preocupación propia, de todos, sobre todo porque no era la primera vez que se atentaba contra alguno de ellos. En los ocho meses anteriores los habían afectado diez secuestros, que no fueron denunciados y en los que se pagaron sumas diversas por rescatar a las víctimas. En discusión en que el hermano mayor de Erick, Benjamín LeBaron, fue la voz cantante, se resolvió poner alto a la situación. Era preciso correr el riesgo: no pagarían la cuantiosa suma, para que los secuestradores tomaran nota de que a partir de ese momento los mormones ya no serían surtidores incesantes de dinero. Al mismo tiempo, resolvieron viajar a la capital del estado y allí acampar para que las autoridades rescataran al muchacho, en peligro grave tras la negativa del pago enorme. Por fortuna para Erick, sus captores se intimidaron ante la reacción social y lo dejaron libre. Ellos tienen hasta el día de hoy la misma suerte: no han sido identificados ni detenidos.
Su impunidad permitió que ellos u otros semejantes siguieran actuando. El 15 de junio el empresario y ganadero Meredith Romney, presidente de la comisión de vigilancia de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua fue también secuestrado, en su rancho de Casa de Janos. Lo subieron hacia la sierra, desde donde se negoció el pago del rescate. Volvió con los suyos cuarenta y ocho horas después de su captura.
Cuatro días antes de iniciado ese nuevo delito, el once de junio, una partida militar capturó a 25 muchachos en el poblado de Nicolás Bravo, municipio de Madera. No eran jovencitos cualesquiera. Vestían uniformes militares y tenían consigo un arsenal compuesto por 24 armas largas, más de cien cargadores, cinco mil cartuchos y cinco vehículos. Fue capturado también su jefe, a quien se reputa como parte de la banda de Sinaloa capitaneada por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Se llama José García García y es apodado El General. El Ejército explicó haber recibido una llamada anónima que condujo a la tropa hasta su objetivo, que no ofreció resistencia pese a su armamento
El 28 de junio fue desarticulado otra banda, llamada de Los R. Fueron detenidos por la Policía Ministerial cinco de sus diez miembros, que habían secuestrado a por lo menos tres mujeres, por el rescate de cada una de las cuales habían recibido hasta cinco millones de pesos. A ese propósito, la procuradora Patricia González incurrió en un acto de imprudencia. Agradeció “a la comunidad mormona las redes sociales que han tendido para la detección de los delincuentes en los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Galeana”. (Reforma, 2 de julio). La nota respectiva agregaba que “a raíz del secuestro de un joven de la comunidad mormona en el mes de mayo y que desató una serie de movilizaciones de esta comunidad en la capital… este grupo religioso se organizó en comités y conformó un grupo de Inteligencia ciudadana con la que se han logrado evitar hechos delictivos y detectar a criminales”.
El inspirador de esa manera de defensa, que requería la mayor discreción posible, a la que faltó la procuradora González, fue Benjamín LeBaron. Hacer público su activismo fue un modo de señalarlo. A la una de la mañana del martes 7, un grupo de entre 15 y 20 hombres armados asaltó su casa, fue torturado frente a su familia y “levantado”, como se dice del secuestro que poco después concluye en asesinato de la víctima. Sus atacantes estaban todavía en el interior de la casa cuando llegó Luis Widmar, su cuñado, que inerme, apenas dotado de su entereza, trató de auxiliarlo al percatarse de lo que ocurría. También se lo llevaron y también fue asesinado.
Junto a sus cadáveres los criminales dejaron mensajes. Uno imputa a Benjamín LeBaron haber dado informes para la detención de los 25 delincuentes de Nicolás Bravo. Si así ocurrió, el recado revela una filtración de información, surgida del grupo militar que llevó a cabo la detención, o de la autoridad ministerial ante la cual fueron conducidos los maleantes. Otro mensaje amenazaba de muerte a Romney Jones, otro dirigente mormón a quien, si no se ha marchado a los Estados Unidos, el Gobierno Estatal debería brindarle la protección que no le prestó a LeBaron.
Como es lamentable regla en la conducta de los gobernadores dejados en entredicho por algún acontecimiento extraordinario, más aún si es violento, el de Chihuahua reaccionó por debajo de las urgencias del caso. Condenó de modo rutinario el crimen y luego anunció que facilitará la creación de una suerte de Policía comunitaria. Es un inadmisible reconocimiento de la incapacidad gubernamental de garantizar seguridad a sus gobernados, por lo que ellos tienen que proveerse de ella, adquiriendo su armamento y recibiendo instrucción oficial.
