A partir de ayer, y hasta el diez de agosto, están suspendidos los plazos en la investigación de quejas y denuncias de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El motivo es el cambio de domicilio de ese organismo capitalino, de presencia central en el ámbito nacional de la materia de que se ocupa, no obstante su competencia regional. La Comisión dejará su edificio en la avenida Chapultepec para ocupar una nueva sede, construida ex profeso en la avenida Universidad, en el pueblo de Axotla o la colonia Florida según se adopte un criterio de nomenclatura urbana tradicional o moderno. Podrá llegarse directamente a la nueva casa de la CDHDF desde la estación Viveros de la línea tres del Metro, que ahora se llamará precisamente estación Derechos Humanos.
El lapso abierto ayer no significa que la Comisión cierre sus puertas a la recepción de quejas ni que se abstraiga de la esfera de acción que le es propia. Por ello, la CDHDF ha avisado que "podrá solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes se tomen las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas y reclamadas, así como para evitar la consumación de daños de difícil reparación a las y los afectados
Conforme a la Ley, toca a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designar al ombudsman capitalino. Con ese motivo, los diez integrantes del Consejo de esa comisión, un grupo excepcionalmente valioso de mujeres y varones, se ha dirigido a ese cuerpo deliberativo para solicitar que ejerza sus atribuciones de modo responsable, comenzando por realizar una consulta "amplia y clara, abierta, transparente, eficiente y apegada a la Ley". Es un pedido de particular importancia por quienes lo emiten, por la materia a que se refiere y por las repercusiones de su abordamiento en la vida pública de la Ciudad de México.
Dada la coincidencia del relevo en la presidencia de la CDHDF con la configuración de una nueva legislatura en la Asamblea capitalina, esta vez más que otras la designación del ombudsman del DF está en riesgo de que las posiciones e intereses partidarios en ese órgano legislativo se conviertan en ingrediente principal de la decisión. Por eso el llamamiento del Consejo a los diputados locales se dirige en realidad a dos legislaturas, la que concluye sus labores y la que las inicia el 16 de septiembre. La primera tendrá a su cargo la mayor parte de la consulta pública respectiva, que se abre el próximo lunes, dos de agosto; y la segunda tomará la decisión de nombrar conforme al resultado de esa consulta al presidente de la Comisión, antes del 30 de septiembre, a fin de que asuma sus funciones el primero de octubre.
No está resuelta de manera definitiva la integración de la legislatura que fue elegida el cinco de julio. Si bien se conoce el número de curules que corresponde a cada partido (30 al PRD, 14 al PAN, 8 al PRI, 6 al PT, 4 al Verde, 2 a Nueva Alianza, 1 a Convergencia y 1 al extinto PSD) falta que concluyan la etapa litigiosa ante el Instituto Electoral del DF y la fase jurisdiccional a cargo del tribunal respectivo. Más allá de esa formalidad, están por definirse las alianzas políticas que serán necesarias para que la Asamblea funcione y tome decisiones como la de nombrar al ombudsman capitalino. Ningún partido tiene por sí solo la mayoría, y la bancada más numerosa, la perredista, seguramente estará marcada por divisiones internas de modo semejante y aun más acentuado que la que caracterizó a la legislatura que se va. Es deseable que, de prevalecer tal indefinición, no sean los intereses partidarios los que se impongan (ya que sería difícil concertarlos) sino que se puedan evaluar en sí mismos los méritos de los candidatos que sean propuestos por organizaciones civiles.
En atención a esos factores particulares, los consejeros de la CDHDF demandan que la consulta produzca "como resultado la designación de una persona de reconocida probidad, buena reputación, imparcialidad ante los partidos políticos y con pleno compromiso y conocimiento en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, así como con capacidad para dirigir este organismo público, conservando su autonomía y su legitimidad moral".
Es preciso que la sociedad se sienta comprometida con nombramientos como éste. En los próximos meses deberán ser designados miembros y dirigentes de organismos semejantes a la comisión capitalina de derechos humanos, la CNDH en particular. Aunque corresponde a órganos legislativos llevar adelante los procedimientos respectivos, y no necesariamente hay en ellos espacios para la participación formal de los ciudadanos, es deseable que entre los sectores más atentos a la vida pública de todos los días se genere una conciencia participativa que se imponga sobre la visión corta de considerar a esos órganos como ajenos y lejanos. Por remotas que parezcan esas posiciones, como las de ministros de la Suprema Corte de Justicia, a dos de los cuales el Senado reemplazará en noviembre, son muy próximas a la vida cotidiana: la despenalización del aborto sea posible porque el máximo tribunal consideró esa medida conforme con la Constitución.
