Encendidos los focos rojos ante el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda del ensanchamiento del boquete fiscal para alcanzar 680 mil millones de pesos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos está tratando de evitar la quiebra de gobiernos municipales.
La fórmula es simple: adelantarles, vía créditos, 25% de las participaciones federales a que tienen derecho hasta el término de su gestión.
El experimento se inició la semana pasada en Michoacán, una de las entidades federativas más golpeadas por los recortes, cuyos ejercicios municipales terminan en 2011. Se les está adelantando, pues, parte de la ministración de los próximos dos años
La idea es extender la posibilidad del pial hacia las entidades federativas del centro y el sureste del país, en un escenario en que mientras en Guerrero se les dio vacaciones obligatorias a los servidores públicos para ahorrar pagos de luz, agua y teléfono, Querétaro está pidiendo su participación en el fondo de estabilización petrolera; Aguascalientes está recurriendo al crédito privado, y el Distrito Federal está exigiendo por la vía judicial equidad en el reparto. Como usted sabe, existen entidades federativas que viven estrictamente de las participaciones federales, ante la incapacidad de recaudación propia, en un escenario en que el catastro de propiedades se volvió caótico y no hay forma de supervisar el pago de impuestos locales.
El escenario para los cinco meses que faltan para concluir el año parece tétrico, dado que durante el primer semestre el recorte, en términos reales, es decir, descontada la inflación, fue de 31.8%. La derrama por recaudación fiscal participable de 2008 alcanzó en el primer semestre 896 mil 135 millones de pesos. En contraste, entre enero y junio pasados llegó sólo a 648 mil 20. La diferencia, pues, es de 298 mil 115 millones de pesos.
Ahora, si consideramos el monto estimado para la mitad de este año, la diferencia es de 22.4%, dado que se esperaba una derrama de 835 millones 974 mil.
El golpe llegó vía el primer ajuste cuatrimestral de este año. La explicación de la Secretaría de Hacienda hablaba de una reducción de 48.8% del ingreso petrolero en comparación con el ejercicio fiscal de 2008, en paralelo a una caída de 15.4% en los ingresos tributarios en general. Más al detalle, se cayó en el semestre la recaudación del Impuesto sobre la Renta en 17%, y 21.1% en la del Impuesto al Valor Agregado.
Las entidades federativas más golpeadas por la poda en orden descendente son Guerrero, Guanajuato, Michoacán, México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Chihuahua, en porcentajes que oscilan de 22.2% a 25.5%. A nivel nacional el recorte a las participaciones federativas alcanza en promedio 20.8%.
En el caso de la Capital del país, la caída es de 19.5%.
La entidad menos afectada es Tabasco, con sólo 12.1%, seguida de Campeche (16.4%), Baja California Sur (16.9%), Sonora (12.1%) y Colima (12.2%).
Ahora que el escenario de precariedad a nivel estatal y municipal se profundizará en las próximas semanas en alguna de las dos entidades en pugna por alcanzar la sede de la nueva refinería de Petróleos Mexicanos, bajo el absurdo esquema diseñado por la paraestatal.
De ganar Guanajuato, Hidalgo se quedaría con una deuda de mil 500 millones de pesos contratada con Banamex, más un formidable terreno de 700 hectáreas al que se le colocaría etiqueta de elefante blanco. De resultar al revés, Guanajuato tendría una deuda similar, con el agravante de haber desviado parte de los recursos de un fondo de infraestructura de 5 mil millones de pesos, cuyas obras reclamaría la población.
A Hidalgo se le cayeron las participaciones federales al primer semestre del año en 849 millones 921 mil pesos; para Guanajuato la caída fue de mil 860 millones 888 mil. En el caso de la Capital el recorte alcanzó 4 mil 4 millones 982 mil pesos. Para el Estado de México, la poda llegó a 5 mil 814 millones 648 mil pesos, y para Michoacán mil 436 millones 607 mil. El catarrito, pues, se volvió neumonía, con extensión a todo el país.
En la certeza de que más temprano que tarde el Gobierno deberá realizar una poda generalizada en la nómina, las cúpulas empresariales están proponiendo de plano la des-aparición de dos secretarías cuyas funciones podrían asumirse vía organismos desconcentrados. Estamos hablando de la Reforma Agraria y la de Energía.
La primera se nutre estrictamente de legalizar la venta de terrenos ejidales a particulares, y la segunda de expedir normas que al ratito son impugnadas por Petróleos Mexicanos. El problema es que 75% del presupuesto federal se orienta hacia el gasto corriente, dejándose sólo 25% al de inversión, a contrapelo de los países integrantes del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que ocupan 40% en la materia.
¿CURA EN SALUD?
Curioso, por señalar un calificativo, que Fomento Económico Mexicano (FEMSA) publique desplegados para hacer públicas las condiciones que le impuso la Comisión Federal de Competencia para permitirle la compra de Jugos Del Valle.
Estamos hablando de un catálogo de propósitos de enmienda en relación con condicionar la venta de sus productos a escenarios de exclusividad.
Al parecer, Pepsi Cola estaba preparando una nueva ofensiva contra la firma con sede central en Monterrey. Por lo pronto, Jugos Del Valle le está ganando terreno a su tradicional rival, Jumex, alcanzando ya un segmento de 40% del mercado.
SIEMPRE SÍ
A contrapelo de la percepción de los analistas de una eventual huida tras haber perdido un pleito con los accionistas minoritarios de la firma que exigirá una indemnización multimillonaria, el Grupo Minera México mantiene firme el dedo en el renglón para recomprar Asarco. De hecho, le acaba de solicitar apoyo al juez de Quiebras de Corpus Christi, que administra la bancarrota de la firma productora de cobre, para mantener viva su oferta.
La pelea es contra la empresa india Vedanta Resources.
SÍ-SE-PUEDE
A contrapelo de la atonía de inversiones productivas en el país, la firma Red Carretera de Occidente acaba de concluir un programa de inversiones por 2 mil millones de pesos.
La empresa encabezada por Demetrio Sodi Cortés opera la carretera de cuota conocida como vía corta a Guadalajara, por cuya concesión pagaron en julio de 2007 la constructora ICA y Goldman Sachs el escándalo de 47 mil millones de pesos.
La firma está afinando inversiones por 3 mil millones de pesos en nuevos tramos y ampliaciones.
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