"Caminos de Michoacán / y pueblos que voy
Pasando / si saben en donde está /
Por qué me la están negando."
Bulmaro Bermúdez / Vicente Fernández
Las autoridades federales han detenido a 10 presidentes municipales, 17 funcionarios públicos y un juez en el estado de Michoacán. La implicación es que una parte muy importante de la estructura gubernamental de la entidad estaba protegiendo a la organización criminal conocida como la Familia.
Ninguno de los detenidos ha sido consignado formalmente. Al parecer no hubo órdenes de aprehensión, aunque sí de presentación. El Ministerio Público tiene 48 horas a partir de la detención para definir la situación legal de los detenidos. Habrá que ver si tiene pruebas para consignar o por lo menos para arraigar.
Si bien nadie puede cuestionar a la PGR por hacer su trabajo, sobre todo en un caso como éste, inquietan las afirmaciones de que la acción ha tenido un propósito político.
La propia PGR ha señalado que la investigación se ha venido realizando desde hace seis meses. Puede uno comprender que, en caso de que se hayan encontrado elementos de prueba, no se haya esperado hasta después de la elección del 5 de julio para actuar. Pero el hecho de que no se hayan realizado consignaciones de inmediato hace que uno se pregunte qué tan sólidas son las pruebas con las que cuenta la autoridad.
El gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, ha dicho que no se le informó del operativo (la PGR dice que el secretario de Gobernación sí se lo dio a conocer). De ser cierta esta información, habría una diferencia con la manera en que se manejó el caso en Morelos, donde el gobernador panista Marco Adame no sólo fue informado previamente sino que tuvo la oportunidad de destituir a los funcionarios indiciados o relacionados con la investigación antes de que ésta se hiciera pública. Esto le permitió a Adame deslindarse políticamente de ellos.
En el caso de Michoacán, me dice el gobernador Godoy, la falta de colaboración llegó al grado de que un grupo de agentes encapuchados irrumpió en el Palacio de Gobierno sin exhibir una orden judicial con el fin de detener a un funcionario que ha trabajado durante 30 años en el Gobierno del Estado. Godoy señaló que presentaría una fuerte protesta por este hecho. Sin embargo, de los presidentes municipales detenidos, seis son priistas, dos panistas y dos perredistas, por lo que no parecería haber un sesgo partidario.
Hay que dar a la PGR y al presidente Felipe Calderón el beneficio de la duda. Esperemos que su acción se haya llevado a cabo estrictamente conforme a derecho y sin motivación política. Ciertamente han sido muchos los rumores en Michoacán sobre la posible connivencia de presidentes municipales y funcionarios con la Familia y otros grupos delictivos. Apenas el pasado mes de febrero el presidente nacional de la Coparmex, Ricardo González Sada, hizo referencia a estos rumores en una presentación pública en Michoacán, en la que el propio gobernador estuvo presente.
Me parece, sin embargo, que no hay razón para que la PGR haya cerrado las puertas a la colaboración con el Gobierno perredista de Michoacán. No sólo el actual gobernador sino el anterior, Lázaro Cárdenas Batel, mostraron siempre ánimo de colaborar con los gobiernos federales panistas. Hoy sorprende que la PGR le dé al Gobierno michoacano un trato de sospechoso, o cuando menos de poco confiable, mientras ha mostrado una actitud mucho más abierta con el gobernador panista de Morelos.
Si hay alguna razón que no sea político-electoral para justificar esta diferencia, la PGR debería darla a conocer.
Hoy empieza nuevamente la pesadilla en Oaxaca. La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha anunciado para hoy un nuevo paro de labores así como tomas de edificios públicos y bloqueos de carretera. ¿El motivo? Después de 29 años en que la Sección 22 ha hecho lo mismo todos los meses de mayo, ya no es necesario buscar más propósito que el político.
