En buen estado. Varios de los secuestrados son retenidos en un improvisado campo en Prosperidad en Agusan del Sur, Filipinas.
MANILA, FILIPINAS.- Las autoridades filipinas negocian con los pistoleros de un clan tribal la liberación de los 46 rehenes que aún mantienen retenidos, tras secuestrar hace dos días a 75 personas en la isla de Mindanao, en el Sur de Filipinas.
Los negociadores volvieron a reunirse con los secuestradores, dirigidos por Ondo Perez, un antiguo miembro de milicias gubernamentales, quien organizó una banda que es buscada por varios robos y asesinatos en la provincia de Agusan del Sur, en la isla de Mindano.
Los rehenes, algunos de ellos familiares o amigos de los captores, se encuentran bien, reciben alimentos, agua y duermen en tres chozas vigilados por una veintena de hombres armados.
Las autoridades ordenaron el despliegue de 400 efectivos del Ejército y la Policía en la zona donde están atrincherados los secuestradores.
Ferdinand "Tata" Pérez, portavoz de la gobernadora de Agusan del Sur, María Valentina Plaza, fue designado como el enlace con los pistoleros, en sustitución de la asistenta social Josefina Bajade, quien desempeñó ese cometido al comenzar el secuestro.
El director regional de la Policía, Nestor Fajura, declaró ayer que hubo presiones para sustituir a Bajade por su presunta relación con el jefe de los secuestradores, que fue empleado de su esposo.
Ondo Pérez y sus hombres exigen que les sean retirados todos los cargos por asesinato y robo y que los cuerpos de seguridad desarmen antes de una semana al clan rival, dirigido por Joel Tubay, y conocido en la región por "Datu Kalbit".
Pérez añadió ayer otra petición: "Quiero encontrarme con el jefe del clan rival, cara a cara", según reveló Josefina Bajade a la emisora de radio dzMM.
Las otras condiciones ya se han cumplido: el Ejército y la Policía han suspendido las operaciones para liberar a los rehenes y los periodistas han tenido acceso al lugar donde están los secuestradores, aunque se han impuesto restricciones a sus movimientos.
El secuestro comenzó el jueves pasado cuando las fuerzas de seguridad fueron a detener a Pérez y a sus correligionarios por asesinar a seis familiares de Joel Tubay.
En su retirada, los integrantes de la banda, armados con fusiles automáticos y pistolas, secuestraron a 75 personas, entre ellas, escolares, profesores y aldeanos.
El grupo se parapetó en el monte, en la jurisdicción de Prosperidad, y comenzó a negociar con un comité de crisis.
Ese mismo día fueron liberados 17 rehenes, entre niños y personas mayores, mientras que dos profesores lograron escapar.
El viernes pasado los secuestradores dejaron el libertad a ocho mujeres y por la noche se produjo la liberación de los dos últimos rehenes.
Este secuestro sucede dos semanas después que un centenar de pistoleros de otros clan raptara y asesinara a 57 personas en Maguindanao, en el Suroeste de Agusan del Sur, también en la conflictiva Mindanao.
La matanza se produjo a raíz de otra disputa entre clanes, los Ampatuan y los Mangudadatu, por el cargo de gobernador de esa provincia que ocupaban los primeros.
Según el Gobierno, hasta 132 ejércitos privados operan en el país, la mayoría a sueldo de políticos o terratenientes que imponen por la fuerza el dominio de sus feudos.
Levantan Ley Marcial
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo aprobó el levantamiento de la Ley marcial en una provincia del Sur de Filipinas en la cual 57 personas fueron asesinadas el mes pasado durante uno de los episodios de violencia política más sangrientos del país.
La Ley marcial ya no tendrá efecto el sábado a las 9 de la noche hora local (13:00 GMT) , ocho días después de que Arroyo la impusiera en la provincia de Maguindanao. Un mandato judicial de "habeas corpus" que permitía a la Policía y a los soldados arrestar a sospechosos sin órdenes judiciales será suspendido, dijo el secretario ejecutivo Eduardo Ermita.
Esta fue la primera vez que la Ley marcial se declaró desde que el dictador Ferdinand Marcos la impuso en la nación hace más de 30 años y dirigió el Gobierno por decreto hasta ser derrocado en 1986.
Arroyo permitió que las fuerzas de seguridad actuaran contra el clan o la familia Ampatuan, el cual ha sido acusado de la matanza de los miembros de un grupo rival y de 30 periodistas el 23 de noviembre. También ha sido acusado de fomentar una rebelión para que las autoridades no puedan arrestar a miembros de la familia.
Un comité de seguridad del Gobierno recomendó la retirada de la controversial proclamación y Arroyo la aprobó durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional ayer, dijo Ermita.
Ermita dijo que el estado de emergencia declarado un día después de la masacre -que permite a las fuerzas de seguridad establecer puestos de control y hacerse con armas de civiles- seguirá en efecto en Maguindanao y cerca de la provincia Sultan Kudarat.
El levantamiento de la Ley ocurre tras los "éxitos" de la Policía, el Ejército y el departamento de Justicia para detener al clan Ampatuan, señaló.
