Si de negociar en serio se trata y no de entrar a un juego de engaños mutuos, hay por qué congratularse. No hay de otra. Porras y contraporras frecuentemente llevan a las cachiporras.
Si el verdadero fin de liquidar la Compañía de Luz es acabar con un subsidio multimillonario, proveer un servicio eficiente de energía y fijar tarifas transparentes y justas, no hay más que sentarse a la mesa para dar y recibir. Si ese es el fin, el medio es la política. Ojalá la reivindiquen el Gobierno y los electricistas.
Más allá del resultado del encuentro de ayer será preciso seguir de cerca la negociación y alentarla, siempre y cuando no vulnere su fin. No confundir el fin con el medio como tampoco imponer el fin sin importar el medio. No incurrir en el vicio de sacrificar lo necesario por lo posible, pero tampoco hacer de la fuerza el mejor argumento. A nadie conviene electrizar más el ambiente, en una coyuntura tan peligrosa como la que arrostra el país.
Quienes se ampollaron las manos aplaudiendo a la Policía y quienes se irritaron la garganta maldiciendo al Gobierno, ya pueden guardarse, es la hora de la política, no del autoritarismo ni del radicalismo.
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Si el Sindicato Mexicano de Electricistas se dice progresista y sensible a las causas populares no puede sino aspirar a la modernización de su desempeño productivo, defendiendo el principal derecho laboral que no es otro sino el del trabajo y proveyendo un servicio de calidad, fundamental para la economía que genera empleo.
Defender privilegios y prebendas en una empresa quebrada -inserta en un cuadro nacional de recesión económica- es, simple y llanamente, atentar contra la propia fuente de trabajo y contra la generación de empleo para otros. Los trabajadores electricistas están obligados a movilizarse... en el trabajo, no en la calle. Es hora de hacer callo en las manos, no de gastar suela en las marchas. No entrarle a ese desafío es asumirse como un sindicato profundamente conservador aunque se diga de izquierda, dispuesto a traicionar con disfraz las causas populares.
Si el Gobierno se dice decidido a modernizar y eficientar el suministro de electricidad en el centro de la República no puede sino reconocer la magnitud del problema, sin pretender endosar a un solo factor, el sindicato, la causa y el origen del mismo. Puede ahorrarse la búsqueda del conjunto de responsables, pero no engañar ni engañarse cargando la factura del desastre sólo a los trabajadores.
Emprender la reforma de esa industria no con, sino contra los trabajadores es una aventura que, a la postre, frustrará el intento. Más cuando sus puntos de apoyo son la Policía y otro sindicato, el SUTERM, en extremo parecido al que se quiere extinguir. Desconsiderar a los trabajadores del SME pone en relieve a un Gobierno desesperado, tentando por el autoritarismo, seducido por el uso de la fuerza y dispuesto a vengarse con quienes cuestionan la legitimidad de su mandato.
Negociar es ceder. Ninguna de las partes debe caer en el garlito de ver quién dobla al otro. Es hora de dar marcha atrás... pero sólo para tomar impulso. Es hora sumar, no de restar. De ganar en conjunto.
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Gobierno y sindicato se metieron en un callejón, salir de él exige enorme generosidad, sacrificio y disposición política. Hay y habrá tironeos, pero no debe haber rompimiento ni fractura.
Es claro que el Gobierno no puede echar atrás el decreto de liquidación de la empresa como también lo es que el SME no puede aceptar como oferta recibir talleres de macramé o fabricar focos para reinsertarse en el empleo. Encontrar la fórmula de entendimiento no es algo sencillo, menos cuando hay un tercero que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía: el sindicato de la CFE que encabeza Víctor Fuentes.
Ese sindicato no es muy distinto al SME como tampoco la Comisión Federal de Electricidad es la empresa "de clase mundial", como la quiere presentar el Gobierno. Es mejor, pero no es tan buena como se dice. ¿Cómo se va a engarzar en la negociación a la CFE y a su sindicato? La respuesta no es fácil.
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Si es imposible derogar el decreto, sí es posible crear una nueva empresa de suministro y distribución de energía.
El Gobierno se precipitó al señalar que no habrá un nuevo organismo público. Esa decisión es accesoria a la principal, no hay por qué descartarla. En la balanza de la reconsideración, el Gobierno tiene que ponderar si, en verdad, quiere fortalecer a un sindicato como el SUTERM. Acrecentar la fuerza de sus 82 mil agremiados y tenerlo como único interlocutor no se advierte como un acto de gran sensatez, sobre todo, cuando ese sindicato pertenece a la subcultura que supuestamente se quiere remontar. ¿Ese es el sindicalismo que el Gobierno quiere fortalecer?
Por otro lado, fortalecer a la CFE como única entidad generadora, transmisora y distribuidora de la energía eléctrica exige un análisis serio. Ciertamente ha mejorado en su productividad y competitividad pero, al parecer, ello deriva de su dirección coyuntural, no de su estructura institucional. ¿No es menester repensar el asunto?
Crear una nueva empresa le daría oportunidad al Gobierno de perfilar tres asuntos importantes: el concepto de empresa pública que alienta, el tipo de relación laboral que proyecta con los empleados de ésta y el modelo de sindicalismo que requiere el país.
Si de cambios estructurales se trata, esa es una oportunidad. Si no es así y todo se reduce a quitar a un sindicato opositor para entregar las plazas a uno leal, se incrementará el empleo... pero en la Policía Federal.
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A tres años de instalarse en el Gobierno, la administración ha emprendido cuatro acciones de envergadura, y en ninguna la política ha sido el recurso privilegiado para instrumentarlas.
Lanzó la fuerza armada sin estrategia ni inteligencia contra el crimen organizado, y se entrampó. Lanzó como una bola rápida la reforma a las pensiones del ISSSTE, y le resultó. Titubeó al lanzar la reforma petrolera, y nadie quedó satisfecho. Ahora, lanzó a la Policía sobre las instalaciones de la Compañía de Luz, y es incierto el desenlace de esa aventura.
La marcha de antier tuvo por mérito el manifestarse sin desbordar ese derecho, la mesa de negociación establecida ayer reivindica la política. El Gobierno y los electricistas del SME tienen una oportunidad, ojalá no la desperdicien: un acuerdo sin engaños ni sacrificio del fin perseguido les vendría bien a ambos, pero sobre todo al país.