Fresca aún la artera maniobra del Instituto Mexicano del Seguro Social que colocaba en peligro la vida de cuatro mil 500 pacientes en opción de hemodiálisis interdiaria para sobrevivir, la Secretaría de la Función Pública estrena herramientas para normar las licitaciones en todo el país.
La intención es ubicar un justo medio entre la maraña de disposiciones jurídicas que paralizan el ejercicio de los recursos públicos y, en paralelo, evitar la mano negra de los funcionarios para favorecer sus propios intereses.
Ni tan tan, pues, ni muy muy.
Dicho más gráficamente, evitar la rigidez extrema del gobierno de Miguel de la Madrid, a cuya vera los funcionarios se paralizaron de terror, o llegar al extremo frívolo del de Vicente Fox, en que los ganadores de los grandes concursos se decidían en Los Pinos.
Hijastros de casa real en función de coyotes.
Como le comentábamos en su momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social le abrió la puerta a un inaudito, al permitir la participación de postores en una licitación pública internacional sin contar con la infraestructura correspondiente, es decir bajo una simple carta-compromiso de que la levantarían
El resultado derivó en una amenaza de muerte para enfermos de nefropatías crónicas, al no empatar las fechas de terminación de los contratos de las firmas que daban el servicio de hemodiálisis y la puesta de escena de las instalaciones de las dos firmas ganadoras.
El absurdo, uno más de las perlas de la corrupción, de acuerdo a un oficio enviado al columnista, lo investiga el órgano de control interno del organismo.
Ahora que en el entretanto se le aplicó la ley mordaza a las empresas denunciantes, bajo la amenaza de no más contratos.
El caso, decíamos, es que la posibilidad de borrón y cuenta nueva la plantean las reformas promulgadas por el presidente Felipe Calderón a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal.
El objetivo primario habla de evitar las contradicciones que durante años provocaron subejercicios de las dependencias públicas, en un escenario en que la esterilización de éstos vuelve criminal la práctica en las circunstancias actuales del país.
De entrada, el nuevo marco, aprobado originalmente por el Congreso, plantea la exigencia de agilizar los trámites para autorizar convocatorias, bajo reglas específicas que impiden la discrecionalidad.
Más allá, la Secretaría de la Función Pública, o en su caso el órgano de control de los convocantes, están obligados a reducir los plazos para la resolución de inconformidades, por ejemplo cuando las reglas se fijan como traje a la medida para una empresa determinada.
Naturalmente, el nuevo marco prevé la fijación de un mecanismo ágil y novedoso para dirimir los conflictos, recurriendo con mayor énfasis a la figura de testigos sociales cuya honorabilidad esté fuera de toda duda.
Entre las novedades, además, las entidades convocantes podrán adjudicar proyectos después de declararse desierta una primera licitación, pero durante ese año se exceptuarán los contratos de infraestructura con mano de obra intensiva.
Ahora que las empresas que decidan participar en licitaciones públicas nacionales o internacionales podrán registrarse previamente en el sistema Compranet de padrones de proveedores, donde se muestra su historial, de tal manera que su admisión en un concurso sea automática.
Como usted sabe, uno de los requisitos que se fijan para participar en convocatoria habla de estar al corriente en el pago de impuestos y cuotas al Seguro Social, lo que obliga a pedir cartas de buena conducta para cada una de las licitaciones.
Adicionalmente, la noticia es que los testigos sociales están obligados a hacer públicos sus informes, lo que evitará suspicacias, dado que las empresas participantes en los concursos les pagan sus honorarios.
Desde otro ángulo, la normatividad obliga a darle preferencia a las pequeñas y medianas empresas en la evaluación de sus propuestas.
Más aún, habrá licitaciones exclusivas para ellas.
En paralelo, las convocantes podrán entregarle anticipos a éstas cuando los productos reclamados tarden más de 60 días en producirse.
La obligación, además, es agilizar los pagos a proveedores para evitar su estrangulamiento, con la novedad, además, de que las bases de las licitaciones serán gratuitas y estarán disponibles en internet.
Como lee usted, estamos hablando de una revolución, en un escenario en que en ocasiones la corrupción declara desiertas las licitaciones con ayuda de un proveedor a modo
Por reglas flexibles, por exigencias de transparencia, por velocidad, pues no paramos.
¿La varita mágica contra la corrupción?
En lo que representa su resurrección tras el fallido intento de fusionarlo a Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior está ofreciendo una línea de crédito por 420 millones de dólares para apoyar las exportaciones de autocares.
El programa se diseñó en conjunto con la Industria Nacional de Autopartes, bajo el objetivo de reforzar la posibilidad de consolidar nuevas rutas tras la caída de las ventas a los Estados Unidos. Canadá, por ejemplo.
Cada una de las firmas podrá disponer en su momento de 10 millones de dólares, con una primera derrama de 225 mil, para financiar hasta el 90 por ciento de sus exportaciones.
¿Y LOS BONOS?
Centrada toda la carga de la cadena mercantil Comercial Mexicana en impedir que prosperen los juicios mercantiles y civiles a que la emplazaron los bancos estadounidenses con los que pactó sus célebres apuestas fallidas en el mercado de derivados, se soslayó a los tenedores nacionales de bonos.
Digamos que la firma encabezada por Guillermo González Nova intentó tapar un agujero dejando más profundo el otro.
El monto de la deuda que se está dejando de lado es de mil 500 millones de pesos.
Los tenedores de los papeles son instituciones académicas, administradoras de fondos de pensiones, jubilados, profesionistas, viudas y entidades públicas y privadas.
La demanda está ya en los tribunales.
TAREA SOCIAL
Pues ahora resulta que la participación de la Telefónica México en la encuesta masiva -un millón de participantes- para ubicar de manera aleatoria las áreas donde se localizaría el virus de la epidemia de influenza A H1N1, fue a título gratuito.
No hubo contrato, sino convenio.
Cortesía, pues, de las tareas de responsabilidad social que realiza la firma encabezada por Francisco Gil Díaz.
La muestra sin precedente se orquestó por la Escuela de Salud Pública de Harvard, permitiendo, de pasadita, calibrar los recursos de la red de telefonía móvil en el país para este tipo de ejercicios.
Albertobach@yahoo.com.mx
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
