MÉXICO, DF.- El ex procurador general de la República durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, Jorge Madrazo Cuéllar, rechazó que se hayan fabricado pruebas en la investigación de la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal en 1997.
Madrazo Cuellar señaló, en entrevista con el periodista Carlos Puig para W Radio, que: "Jamás instruí, oriente, admití a sabiendas o toleré que se obtuvieran pruebas de una manera ilícita como se ha mencionado por los medios de comunicación a partir de lo que se dice expresaron cuatro ministros de la primera sala de la Corte".
Después de permanecer presos 11 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el pasado miércoles la liberación inmediata de 20 de los indígenas que fueron culpados de la matanza en Acteal bajo el argumento de que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos que fabricó ilegalmente la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, Jorge Madrazo detalló que la dependencia a su cargo realizó las investigaciones y puso a disposición de las autoridades "todo el material probatorio que tuvimos, y por lo menos tres jueces examinaron la legalidad de esas pruebas al dictar el auto de formal prisión, la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia".
Madrazo Cuellar rechazó haber recibido presiones políticas del Presidente (Zedillo) y de cualquier otra persona durante el transcurso de las investigaciones.
Jorge Madrazo Cuellar era titular de la Procuraduría General de la República cuando ocurrieron los hechos del 22 de diciembre de 1997, en los que fueron asesinados 45 indígenas tzotziles mientras oraban en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, Chiapas.
El pasado miércoles 12 de agosto, la mayoría de ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país llegó a la conclusión de que se violaron las garantías esenciales de los indígenas encarcelados por su presunta responsabilidad en la matanza, al no respetárseles su derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada.
En la discusión del caso, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que decidió ampararlos porque se detectó, por ejemplo, que de manera irregular un juez les agregó delitos que ni siquiera había consignado el Ministerio Público.
Además, se usó como prueba, de manera ilícita, un listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, quien inicialmente declaró que no hablaba ni entendía el castellano y que 12 horas después de esta afirmación, entregó una lista que redactó con el nombre de las personas que señalaba como responsables; en ella daba nombres y detalles de comunidades a las que pertenecían.
Más tarde, en una tercera declaración, contestó que la lista se la entregaron “los judiciales”.
La entonces Policía Judicial, agregó el ministro de la SCJN Juan Silva Meza, también elaboró un álbum fotográfico que luego le entregó a los testigos que usó para que identificaran a los indígenas que posteriormente fueron señalados como responsables de la matanza.
Por los hechos, al menos 20 indígenas fueron sentenciados a prisión y liberados 12 años después, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalara que hubo irregularidades en el proceso como la fabricación de pruebas.
