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Niegan amparo contra extradición de Gómez Urrutia

En trámite. El proceso de extradición contra Napoleón Gómez Urrutia continúa luego de que una juez le negara un amparo.  ARCHIVO

En trámite. El proceso de extradición contra Napoleón Gómez Urrutia continúa luego de que una juez le negara un amparo. ARCHIVO

EL UNIVERSAL

México, df.- La jueza quinta de Distrito en materia de amparo, Patricia Marcela Diez Cerda, negó un amparo promovido por los abogados de Napoleón Gómez Urrutia, con el que buscaban evitar su extradición para que responda por diversos delitos del fuero común y federal.

Los abogados de Gómez Urrutia, líder de los trabajadores mineros autoexiliado en Vacouver, Canadá, interpusieron el 25 de febrero una demanda de amparo contra la extradición promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el Gobierno de Canadá.

El Juzgado Quinto con sede en el Distrito Federal determinó desechar la demanda de amparo con número de expediente único nacional 7320585 y número de expediente 115/2009.

La resolución de la jueza Diez Cerda fue publicada ayer en la página de Internet correspondiente, en donde se señala que el acto reclamado es la extradición y que se había pedido un amparo penal indirecto, mientras que el sentido de la resolución inicial es "desechamiento" .

Esto significa que la jueza no encontró elementos para brindar a Gómez Urrutia la protección del Poder Judicial de la Federación y por lo tanto fue desechada su demanda de amparo.

De esta manera, se informó que se mantiene vigente y en curso el proceso de extradición de Gómez Urrutia, a quien se le acusa del desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso cuyos beneficiarios eran 10 mil trabajadores mineros en el país.

También quedan firmes las cuatro órdenes de aprehensión en contra de Gómez Urrutia por diversos delitos, como es el de delincuencia organizada, administración fraudulenta, violaciones a la Ley de instituciones de crédito y organismos auxiliares. Este último delito es considerado grave debido a que promovió y participó en la disolución de un fideicomiso por 55 millones de dólares antes de que se hubieran cumplido los objetivos del mismo y sin haber cumplido con los requisitos de Ley para su desaparición.

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Escrito en: Gómez Urrutia

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