En tiempos de crisis los gobiernos están obligados hacer más eficientes en el uso de recursos públicos, es decir hacer más con menos. Ser eficientes en épocas de “vacas flacas” no es sólo una obligación profesional sino ética.
En este escenario resulta contradictorio que las administraciones municipales de Torreón y Gómez Palacio, así como el Gobierno de Coahuila, hayan aumentado en mayor porcentaje sus nóminas que sus ingresos.
Por ejemplo y de acuerdo a información de la firma Fitch Ratings el ayuntamiento de Torreón entre 2006 y 2009 aumentó su nómina un 30.7 por ciento, pero sus ingresos sólo subieron 10.6 por ciento. En ese lapso de tiempo Torreón tuvo 129 millones de pesos más de ingresos, los cuales no se reflejaron en beneficio de los ciudadanos ya que 99.1 millones se fueron la de nómina, que pasó de 322.7 a 421.8 millones de pesos
Al conocer estas cifras es compresible el porqué al final de su gestión el Gobierno de José Ángel Pérez prácticamente no tiene dinero para nada y haya sido necesario solicitar un crédito.
Algo similar sucede en Gómez Palacio, donde la administración municipal recientemente solicitó un crédito por 250 millones de pesos para pagar a proveedores. El detalle es que entre 2007 y 2009, la nómina del Ayuntamiento creció 28.5 por ciento pero sus ingresos se elevaron sólo un 22.8 por ciento. 61 de los 151 millones de pesos más de ingresos se fueron a sueldos.
Una tesis para explicar el aumento de la burocracia son las ambiciones políticas de los gobernantes. Es decir, se paga con dinero público el trabajo electoral que realizan ciertas personas.
El Gobierno de Coahuila no escapó de la tentación y aumentó 9.5 por ciento el gasto en servicios de personal, cuando sus ingresos sólo aumentaron 3.3 por ciento. Sólo el Gobierno de Durango no elevó su nómina por encima de sus ingresos.
Sin duda esta forma de manejar los recursos públicos, evidencian el nulo interés que los gobernantes tienen hacia los ciudadanos. Por el contrario, el poder se utiliza para el beneficio de unos cuantos.
Mientras los ciudadanos pagan más impuestos y pierden su poder adquisitivo, la clase política mantiene sus privilegios. Y es que para ellos la ecuación de menos burocracia igual a más eficiencia simplemente no es posible.
