Insisten. Decenas de desalojados de la colonia Humberto Moreira, siguen a la espera de los terrenos o pies de casa prometidos por el Municipio y el Gobierno del Estado. EL SIGLO DE TORREÓN / REDACCIÓN
Los desalojados de la colonia Humberto Moreira siguen a la espera de que la actual Administración Municipal, que termina el próximo 31, les cumpla con el compromiso de dotarlos de terrenos para construir sus viviendas.
Manuel Urquizo García, representante de los desalojados, recuerda que los antecedentes se remontan al año 2006, cuando varias familias de escasos recursos, apoyadas por algunos líderes de colonos, invadieron las fincas que todavía no estaban terminadas y tenían más de un año abandonadas y rodeadas de maleza.
TAMBIÉN EN JACALES
Además de las fincas, otras familias que no alcanzaron casas levantaron unos jacales a un lado de la colonia y así vivieron hasta el jueves18 de junio pasado, aunque no tenían drenaje, agua ni energía eléctrica conectadas de manera normal.
Ese jueves por la mañana, decenas de agentes de la Policía Ministerial y Municipal, llegaron a la colonia Humberto Moreira y desalojaron a todos los posesionarios de las casas y las decenas de jacales en un asentamiento irregular aledaño a la Moreira.
Urquizo García destaca que luego del desalojo y ante las peticiones de los invasores, se acordó entre el Municipio y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de la Vivienda, otorgarles terrenos a los más de 100 familias involucradas, pero hasta el momento no se ha cumplido con lo acordado.
El representante de los solicitantes menciona que hay el temor entre la mayoría de la gente, que termine la Administración Municipal y no les entreguen los terrenos o pies de casa.
En dos ocasiones ya, los peticionarios han acudido a la Presidencia Municipal e incluso realizaron un plantón permanente de varios días, pues se quedaban día y noche en los patios y la parte exterior del edificio municipal para presionar al alcalde y al Gobierno del Estado.
Urquizo García enfatiza que en México ser pobre es un delito, pues no tienen derecho a una casita por modesta que sea y si se atreven a invadir casas que no están ocupadas, la justicia los lleva a la cárcel, como sucedió con cuatro personas de los que ocuparon esas viviendas.
