"Lo ilegal lo hacemos de inmediato.
Lo inconstitucional nos toma más tiempo."
Henry Kissinger
Escribía ayer que es necesario dar a la PGR el beneficio de la duda en el operativo que llevó a cabo el 25 de mayo en Michoacán para detener a 10 presidentes municipales, 27 funcionarios estatales y un juez. Mantengo esa posición, pero la información hasta ahora es desalentadora.
La Procuraduría no ha pasado de decir que el operativo empezó a prepararse hace seis meses y que los detenidos aprovechaban sus cargos para proteger a "La Familia". Pero si desde hace seis meses se estaba documentando esa protección a una organización delictiva, no se entiende por qué no se han presentado hasta el momento consignaciones ante un juez.
La PGR no ha señalado cuáles son las pruebas que llevaron a las detenciones. La única información con la que cuenta la sociedad son las declaraciones de un abogado, César Ceja, representante de los alcaldes de Apatzingán y Buenavista, quien señala que sólo hay una prueba documental: una hoja impresa de computadora en la que aparecen los nombres de los detenidos junto a unas cifras. La hoja, que cualquiera que tenga una computadora y una impresora puede producir, no señala cuál es la naturaleza de esas cifras.
Además de esa documental, afirma Ceja, hay declaraciones de un testigo protegido o pagado que incrimina a algunos de los funcionarios detenidos. El problema es que la experiencia nos demuestra que estos testigos dicen lo que quieren los policías. Al contrario de un testigo de buena fe, el protegido o pagado tiene un incentivo muy fuerte para mentir. Los testigos protegidos, de hecho, se han convertido en la fuente más importante de acusaciones infundadas en nuestro país.
La falta de transparencia de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia no ayuda en nada a tener confianza en las acciones de la PGR. Bajo el argumento de que en México las averiguaciones son privadas y los juicios públicos, se nos impide a los ciudadanos tener conocimiento de las pruebas que acumula la autoridad al realizar una investigación. Pero tampoco en el juicio se nos permite acceso a los expedientes. El resultado es que la sociedad tiene poca o ninguna información sobre los casos judiciales.
Quienes han defendido la opacidad del sistema afirman que de esta manera se evita afectar la reputación de personas que no han sido juzgadas o que se impide a los medios llevar a cabo juicios sumarios. Pero el resultado es exactamente el contrario. Muchos inocentes son crucificados por la autoridad y los medios al ser acusados sin pruebas de haber cometido delitos. Si al final se demuestra que alguno o ninguno de los acusados de Michoacán tienen responsabilidad, el tradicional "Usted disculpe" de nada servirá para limpiar su nombre.
Espero que en los próximos días la PGR dé a conocer información que nos permita tener confianza de que las acusaciones contra los detenidos de Michoacán están bien fundamentadas. Habrá que ver si las consignaciones, en caso de que las haya, son acompañadas por pruebas sólidas, porque una lista de computadora o unas declaraciones de testigos comprados no tienen ningún valor.
Pero más importante es que el Congreso, que tanto se vanagloria de sus reformas, se dé cuenta de la medida más importante para generar confianza en el maltrecho sistema de justicia de nuestro país es darle una transparencia similar a la que existe en los países avanzados.
No es común que alguien anuncie públicamente que va a violar la Constitución. Pero esto es lo que está haciendo la directiva del equipo Pachuca de futbol y el Gobierno del estado de Hidalgo al anunciar que establecerán retenes en las carreteras de acceso a Pachuca para impedir que el domingo transite gente con camiseta del equipo Pumas que no lleve boletos para la final del futbol. Hoy son los simpatizantes de un equipo deportivo. ¿Mañana serán los negros o los judíos? ¿Dónde quedó el derecho al libre tránsito?
