La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dejó hoy en firme una sentencia de condena en contra de seis reos mexicanos, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, y autorizó su traslado a México para cumplir sus condenas.
La sentencia dejó en firme las penas máximas de 22 años de cárcel en contra de los mexicanos David Alvarado Zazueta, José Juvenal Mendoza González, Jesús Javier Flores Vega, Arturo Ramón Gaspar Rubio, Luis Angel Valle Serrano y Juan Rosales Castañeda.
Además, de los guatemaltecos Emiliano Rodas Pérez y Carlos Albizures Rodas y 10 nicaraguenses.
Los guatemaltecos serán remitidos también a su país, con base en una convencion internacional sobre la materia, explicó en rueda de prensa el vicepresidente de la Corte Suprema, Rafael Solís.
La resolución autorizó al Ministerio de Gobernación a iniciar los trámites para el traslado de los procesados a su país de origen para el cumplimiento de las penas de cárcel, con base en el tratado bilateral correspondiente.
Los delitos imputados son financiamiento internacional al narcotráfico, posesión ilegal de armas de guerra y asociación para delinquir.
COn el fallo terminó un largo proceso de dos años por las diferencias que existieron entre los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema. El magistrado liberal Sergio Cuarezma se negó a firmar la sentencia.
El vicepresidente de la Corte, el magistrado sandinista Rafael Solís, informó que la resolución es 'una posición de firmeza ante este mal -el narcotrafico- que azota a los jóvenes y los países y hay que combatirlo con dureza'.
Explicó que el traslado de los reos mexicanos no requiere de la voluntad expresa de los detenidos.
Dijo que privó ante todo la voluntad de México y Nicaragua para iniciar el trámite de traslado de los mexicano que continuarán cumpliendo las condenas en su país.
'De todas manera digan lo que digan los detenidos, la voluntad de las partes, la voluntad de México y Nicaragua es la que priva y así dice el tratado, el requisito de pedir su opinión -a los reos- no es necesario', aseguró.
Solís criticó a su colega Sergio Curezma por oponerse y escudarse en pretextos para retrasar el proceso por más de dos años y no firmar el documento.
Explicó que los procesados representaban una carga financiera adicional por las estrictas medidas de seguridad para evitar un eventual fuga de la Cárcel Modelo de Tipitapa, al norte de Managua.
