En la sorpresa de la temporada, el PRI está intentando revivir el caso Banamex, es decir la ilegalidad en que se encuentra el banco propiedad del Citigroup de los Estados Unidos, tras adquirir la Casa Blanca el 36 por ciento de la propiedad de éste.
De acuerdo a la Ley de Instituciones Financieras, no es posible que la matriz de un banco asentado en México tenga capital de un gobierno extranjero, por razones de soberanía
De acuerdo a un documento interno del ex partido oficial, México debe exigir al gobierno de Estados Unidos el estricto respeto de la ley.
De no retirarse la participación pública estadounidense, el país estaría en condiciones de mexicanizar Banamex, lo que implicaría la colocación de sus acciones en un fideicomiso, por más que se rechazan las posibilidades de "estatización o "nacionalización" como paso previo para su venta al sector privado nacional.
La segunda intermediaria del sistema, pues, regresaría a manos mexicanas
La exposición de motivos habla de que el Citigroup es un banco devaluado que navega como zombie, mientras las autoridades de Estados Unidos lo ubican entre las intermediarias más problemáticas.
El documento titulado "La política económica para el 2010" se elaboró al fragor de la presentación del proyecto económico del gobierno federal, planteando diversos escenarios para mantener lo que se calificó como la retoma de la legítima bandera jurídico-política del PRI.
Tras él se ubica a los ex secretarios de Hacienda Jesús Silva-Herzog Flores y David Ibarra, así como el ex subsecretario de Ingresos, Francisco Suárez Dávila.
El tema regresa a la mesa justo el vencerse la tregua de 180 días que le concedió la Secretaría de Hacienda al Citigroup para retirar la participación de la Casa Blanca de su capital, o al menos colocarla al amparo de un fideicomiso neutro, sin derecho de voto.
El monto inyectado como usted sabe, es de 45 mil millones de dólares.
La salida, como usted recordará, se había considerado no sólo laxa, sino inocua, dado que no existía garantía alguna que el fideicomiso neutro impediría al gobierno de Estados Unidos dictar línea, y en un momento dado utilizar la fuerza para defender su interés.
El caso es que hasta hoy las acciones en la Casa Blanca permanecen con etiqueta de preferentes.
Se diría, pues, que el Citigroup no ha cedido un ápice en su línea de defensa que alude a la reserva planteada en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para permitir que bancos en problemas sean rescatados con capital oficial.
Sin embargo, ésta se contrapone a otra que habla de que ningún país en concierto puede someter su sistema de pagos a la potestad de otro poder del extranjero.
Lo cierto, desde otro ángulo, es que corrieron en su momento insistentes versiones de que la supuesta tregua se negoció para evitar un escándalo que desnudaría tratos oscuros del anterior gobierno panista con dos ex accionistas del banco de la discordia, Roberto Hernández y Manuel Medina Mora, dada la pretensión de éstos, de recuperar las acciones
La paradoja del caso es que estallado el escándalo, a bote-pronto la Secretaría de Hacienda habló de que la presencia de la Casa Blanca en el capital del Citigroup no violaba la ley, lo que motivó al Senado a plantear un punto de acuerdo para exigirle al presidente Felipe Calderón avalar o rechazar la postura.
El exhorto nunca fue respondido.
La trampa era simple: De haber respaldado Los Pinos la posición de Agustín Carstens, el Ejecutivo se colocaba de pechito para que se planteara una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La respuesta sería la bandera para obligar a su matriz a vender Banamex.
Digamos que el gobierno, a contrapelo de la tregua de seis meses que finalizaba con éste, le apostó al olvido de la opinión pública, a sabiendas de que podrían pasar 10 o 20 años para que el Citigroup recompre la posición de la Casa Blanca en su capital.
Naturalmente, desde otro ángulo, la matriz de Banamex no estaría tampoco interesada en vender a éste, dado que representa la joya de la corona de todas sus filiales en el Hemisferio.
La presión del gobierno mexicano, pues, tendrá que ser no sólo firme, sino obstinada.
En lo que pareciera la puntilla a la pretensión del sindicato minero de exigir una indemnización de 100 millones de dólares al Grupo Minera México por supuesto "daño moral", los jueces de la causa en dos demandas civiles promovidas por éste alegando una confabulación de la firma y el gobierno en perjuicio de su causa, cerraron el expediente por falta de pruebas.
Las querellas las había planteado uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Luis Zúñiga Velázquez, apuntando hacia el ex presidente Vicente Fox, el Grupo México, Industrial Minera México y su director general, Francisco Javier García de Quevedo.
La resolución del Juzgado Civil de Distrito en Materia Civil, que encabeza Alejandro Villagómez Gordillo, le da al sindicato tres días para recoger los documentos presentados, tras "tenerse por anulados todos los actos procesales, a partir de la presentación del presente asunto".
DOBLE ZANCADILLA
La posibilidad, pactada ya con los priístas, de nombrar como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados al panista Mario Alberto Becerra Porocuba, representa un doble revés para el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
De entrada, se esfuma la oportunidad para su hombre de confianza en el Congreso, Oscar Levín Coppel, además de colocarle un alfil con el que la dependencia se ha enfrentado cientos de veces en los tribunales.
Becerra es el socio principal en un bufete que lleva litigios fiscales, actuando en casos relevantes en sociedad con los abogados panistas Diego Fernández De Cevallos y Fauzi Hamdan.
Durante años ha estado ligado también al despacho jurídico del hoy secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
El nombramiento llega justo cuando se discute en el Senado la posibilidad de acotar la catarata de amparos fiscales en exigencia de devoluciones de impuestos.
La iglesia en manos de Lutero.
SE ENREDA PEÑOLES
El problema para Industrias Peñoles, cuyas oficinas centrales estuvieron a punto de ser cateadas el fin de semana pasado, fue que el decomiso de dos millones 150 mil dólares encontrados en su contenedor con proa a Colombia desde la Aduana de Manzanillo, no es el primero de la tarde.
Se habla de al menos de tres previos, todos ellos en envíos de la empresa Química del Rey, subsidiaria del emporio encabezado por Alberto Bailleres.
En su primera reacción frente al problema, Peñoles había señalado que Química del Rey exporta sólo el cinco por ciento de sus producción, señalándose como destinos Costa Rica, Panamá y Guatemala.
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