Explíquese usted esto: durante 2008, al efecto de la caída dramática del último trimestre, el Producto Interno Bruto alcanzó un raquítico crecimiento en pesos de 3.1%. En contraste, medido en dólares llegó a un inaudito 21.84%.
Naturalmente, usted pensará que se trata del efecto natural de la devaluación, cuya mayor virulencia se alcanzó a partir de octubre. Sin embargo, aun cuando la paridad se hubiera ido a las nubes, las cifras no ajustan.
El fenómeno, pues, se remite a una dolarización acelerada del país, cuyo estímulo, aliciente o anzuelo, se ubica en la creencia generalizada de una devaluación traumática que llegaría después de las elecciones de julio.
Se diría, pues, que el Banco de México, roto el equilibrio que permitía flexibilizar la paridad, ha mantenido una cotización artificial vía una inyección permanente de divisas al mercado, en afán tantito de mantener la inflación bajo cerco, como de hacerle el juego al gobierno con el espejismo.
En el río revuelto, por un lado el gobierno se ha hecho de la vista gorda ante la proliferación de las cuentas de inversión en dólares que ofrecen los bancos comerciales, las casas de bolsa y hasta los fondos de inversión, y por otro los particulares atesoran divisas a fuerza de cotizar hasta las cortinas, los autos de lujo usados y las operaciones médicas en dólares, para no hablar de la venta o renta de inmuebles.
Digamos que asimilada la trágica experiencia del año pasado en que la cargada se lanzó a la caza de operaciones en derivados, cuyas apuestas resultaron fallidas para empresas como Comercial Mexicana, Cementos Mexicanos, Grupo Maseca, Corporación Durango… hoy la rebatiña apunta toda a los dólares que generosamente vende el Banco de México a precios de realización.
De ahí el que éste haya cerrado a piedra y lodo la posibilidad de transparentar a los adquirientes.
De ahí, en la otra cara de la moneda, el que éste haya bajado primero de 400 a 200 y luego de 200 a 100 millones de dólares el monto de sus subastas.
El cálculo de los apostadores habla de que la contención artificial de la cotización, cuyo punto de arranque lo representó la colocación en primera base de un préstamo colosal del Banco Mundial y una línea de crédito del Tesoro de Estados Unidos, no podría sostenerse hacia el mediano plazo.
De asimilarse los créditos, el gobierno deberá plantear para el próximo presupuesto un incremento en el déficit público de entre 2% y 3% del PIB, lo cual implicaría regresar las páginas a los años en que el país lo gobernaban Luis Echeverría o José López Portillo.
Más aún, durante 2010 el país tendrá una caída dramática en el ingreso de divisas, al retraerse al mínimo la inversión extranjera directa, al caerse el flujo de exportaciones y el precio del petróleo, y al abatirse el envío de remesas por parte de trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos.
El cálculo más optimista habla de una reducción en el ingreso petrolero de al menos 200 millones de pesos si el promedio en el costo del barril se ubica en 40 dólares.
Peor aún, nada garantiza que las exportaciones se vayan a recuperar en el corto plazo, tras su caída de 38% en abril pasado.
Ahora que el efecto de un dólar barato lo ha resentido con mayor fuerza el sector industrial ante el fortalecimiento de la capacidad de compra de los importadores.
El país, pues, está subsidiando a las importaciones.
De hecho, la caída del sector ha sido aún más aguda que la de la economía en su conjunto. Estamos hablando de 13.4% contra 8.9% en el primer trimestre.
La paradoja del asunto es que del otro lado de la moneda, la jugada del Banco de México de alimentar con su lluvia de divisas una paridad hechiza, a riesgo de perder credibilidad en su autonomía, le está dando a ganar toneladas de pesos, dada la cotización en que adquirió los billetes que subasta.
El volado, pues, está en el aire: provocar un colosal fiasco a los apostadores contra el país, o regalarles el triunfo.
Los demás que se amuelen.
Balance general
La noticia es que los grupos ecologistas que sostienen una férrea pelea de 10 años contra la firma canadiense que se esconde bajo la razón social Minera San Xavier, lograron finalmente un amparo que permite detener las tareas de explotación que han prácticamente acabado con un cerro en una febril búsqueda de oro.
Lo inaudito del asunto es que desde 2004 un juez había ordenado la suspensión de las explosiones de dinamita en el lugar conocido como San Pedro, por cierto muy cercano al área conurbana de San Luis Potosí, logrando la firma revertir el amparo obtenido por los ecologistas.
Un asunto en que la corrupción y el tráfico de influencias han jugado un papel estelar, al violarse normas ambientales, leyes de uso de explosivos y hasta darse el lujo de enviar a la cárcel a los inconformes.
Tregua a Aeroméxico
Como le adelantábamos la semana pasada, finalmente la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación aceptó un año más sin incremento salarial en la revisión contractual de Aeroméxico.
La posibilidad se pospuso hasta marzo del año próximo.
Sin embargo, a cambio el personal de vuelo logró que no se le impusieran nuevos recortes en materia de prestaciones, bajo la amenaza de la empresa de revivir el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que planteó ante la Secretaría del Trabajo.
GM México no
De acuerdo a General Motors México, la declaración de bancarrota de su matriz en Estados Unidos no le alcanzará, es decir, no habrá suspensión de pago para proveedores ni cierre de unidades.
Más aún, la empresa le apuesta a que tampoco habrá paros técnicos por lo pronto, aún cuando plantea un programa de reestructura que estará listo entre 60 y 90 días.
Hircasa crece
A contrapelo de la mala situación de las desarrolladoras de vivienda en general ante la caída de la demanda, la empresa de financiamiento Hircasa logró un incremento de 5% en sus préstamos al primer cuatrimestre del año.
La derrama alcanzó un total de 5 mil 173 millones de pesos.
La firma logró hace una semana un Certificado de Calidad ISO 9001, lo que avala la fidelidad de su clientela.
Sombras nada más
De acuerdo a un estudio realizado por el Tec de Monterrey, hete aquí que 40 por ciento de las contrataciones que se realizan en el país se hacen por la vía del outsourcing, es decir, con intervención de segundas empresas en calidad de subcontratantes, lo que impide en la mayoría de los casos el acceso de los empleados y trabajadores a las prestaciones de ley.
Más aún, la posibilidad anula pagos al fisco en materia del Impuesto sobre la Renta, para no hablar de reparto de utilidades.
El escenario exhibe de cuerpo entero la tibieza de los legisladores que avalaron una regulación sin dientes, al cancelar la posibilidad de hacer corresponsables a las empresas contratantes.
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