La Constitución de Honduras es muy rígida en lo que se refiere a impedir cualquier intento de reelegir al Presidente de la República.
Lo que se interpretó como violación a este artículo "pétreo", es lo que disparó la crisis que aqueja a ese país.
El mero intento del presidente Zelaya de proponerle al pueblo hondureño una "cuarta urna" al lado de las que componían las elecciones generales de noviembre próximo, para consultar si se estaba de acuerdo con convocar una consulta para conocer si se estaba de acuerdo con reformar la Constitución, bastó para provocar la expulsión del presidente hasta la hermana República de Costa Rica.
En efecto, el artículo 4 de la Constitución de Honduras establece que la alternación en el cargo de la Presidencia es obligatoria y que el que infrinja este principio es reo de traición a la patria. Cualquiera reforma a la Constitución requiere, según el artículo 373, la aprobación de dos terceras partes del Congreso Nacional. Sin embargo, el artículo 374 dispone que no podrá reformarse la Constitución en cuanto a forma de Gobierno, territorio nacional, prohibición a desempeñar la Presidencia al que ya la haya desempeñado. Las consultas previstas en el Artículo 5 deben ser normadas por el Congreso Nacional y no podrán referirse a cambios de lo dispuesto en el artículo 374. El presidente Zelaya convocó a consulta sin aprobación del Congreso Nacional sino por mero Decreto Ejecutivo.
Como observadores que somos de este episodio podemos hacer varias preguntas con el objeto de mejor entender la situación y no opinar en el vacío.
En primer lugar ¿no es cierto que la Constitución de Honduras establece en varios artículos, a) su impermeabilidad jurídica, b) firme prohibición de buscar por cualquier medio, por discreto o subrepticio que fuese, que se quebrante esa peculiar conquista popular fruto de décadas enteras de abusos de los que detentaron el poder legítima o ilegalmente?
En segundo lugar, ¿no es verdad que al tomar el poder el señor Zelaya se comprometió a guardar y hacer guardar esa Carta Suprema? ¿No es acaso un grave precedente nocivo el que se le permita abusar de su alto cargo atropellar con conveniencias?
La reacción de los "golpistas" es explicable. El leer que la Constitución reserva para los que pretenden cambiarle precisamente en cuanto al principio de la no-reelección no sólo destitución, sino inhabilitación y la acusación de traición a la patria ofrece la justificación formal de la acción de la madrugada del día en que militares prendieron al presidente Zelaya y lo empaquetaron al extranjero.
Formalmente, los "golpistas" cumplieron sus deberes constitucionales . El que estaba en falta era el presidente Zelaya que desde el primer momento de su mandato hizo promulgar una Ley de Participación Ciudadana estableciendo la figura de la consulta popular incluso para reformas constitucionales. Lo que no pudo modificar en esa ocasión fue el blindaje constitucional contra una reforma que autorizase la reelección del presidente de la República.
Los argumentos que he oído de los ministros de Honduras del Gabinete del Presidente Zelaya, no aluden a lo anterior. Se refieren a las condiciones de extrema necesidad que vive su pueblo que, sólo es superado por Haití en este rubro. La situación económico-social de Honduras es, crudamente desesperada y es urgente instaurar reformas que saquen al país del atraso que vive por culpa de los pocos afortunados que abusan de su posición y privilegio. La necesidad de modificar la Constitución es, nos explican, de absoluta prioridad y a eso iba la intención del presidente Zelaya al proponer una consulta sobre reformas constitucionales.
Sabemos que el problema explotó cuando se supo posdeclaraciones del presidente que la reforma iba dirigida a lo único "irreformable". La intransigencia de que se acusa a los que tomaron el poder y lo entregaron al señor Roberto Micheletti es precisamente la intransigencia que la Constitucion pedía. Constitución jurada por Manuel Zelaya al tomar el mando.
El Poder Legislativo actuó conforme a Ley, la Suprema Corte actuó en consecuencia al mandato de la Ley Suprema y el Ejército cumplió la tarea que le correspondió. La destitución por fuerza militar de un presidente legítimamente electo es, sin embargo, un acto tan repugnante particularmente teniendo por telón de fondo muchos antecedentes atrabiliarios en el escenario latinoamericano, que no debe convalidarse o consentirse. La ONU, cada uno de los países de América y la OEA junto a la Unión Europea la ha condenado.
Debo decir, sin embargo, que el discurso ahora tiene el señor Zelaya consiste en negar que jamás hubiera una intención reeleccionista en la consulta que él planteó. Esta vuelta en redondo de su posición debe ser aprovechada por el ex presidente Óscar Arias en su tarea conciliadora entre las dos partes.
La única solución sensata y viable, la que México debe mantenerse firme en insistir, es la vuelta de Manuel Zelaya a su elevado cargo presidencial en el entendido de que deja a un lado su pretensión de reestablecer la reelección presidencial.
Hay problemas dolorosos mucho más ingentes que resolver en Honduras, al igual que en todos los demás países, no sólo latinoamericanos sino en todo el orbe, que distraer a las valiosas energías de los pueblos que están ansiosos de soluciones tangibles y no de que se les lance a disputas políticas que entretienen y retrasan las medidas socioeconómicas que urgen. Una vez que se hayan mejorado los niveles de vida a través de acciones constructivas, habrá más que suficiente tiempo para dedicarse a reformar estados y estructuras.
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