A pesar de que el discurso presidencial enfatiza que “es hora de cambiar y cambiar a fondo”, sus acciones son fundamentalmente mediáticas, como la desaparición de tres Secretarías de Estado, que de acuerdo al paquete económico enviado al Congreso de la Unión representa un ahorro de apenas 3,221 millones de pesos, que equivale al 27% del presupuesto que esas tres dependencias ejercieron durante 2009.
El caso más representativo de la simulación es el de la Secretaría de la Función Pública, que en 2009 ejerció 1,643.4 millones de pesos y la Contraloría General de la Federación, ahora adscrita directamente al presidente, ejercerá en 2010, de acuerdo al presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados, 1,310.4 millones, es decir, el ahorro es de apenas 324 millones, equivalente al 20%.
Dos de las tres secretarías (Turismo y Reforma Agraria) que el presidente decidió desaparecer no tenían razón de ser; Turismo desde su creación, pues basta con una subsecretaría en la Secretaría de Economía; y Reforma Agraria, desde que se terminó el reparto agrario, que incluso a partir del sexenio de Salinas se revirtió.
Pero la Secretaría de la Función Pública, merece analizarse por separado, pues tiene funciones capitales para una administración pública: ejercer el control interno; sustanciar y fallar en el caso de los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos; y administrar el servicio civil de carrera. La tarea de control interno efectivamente la puede ejercer una oficina dependiente del mismo presidente; pero las otras dos bajo ninguna circunstancia deben quedar bajo su control directo, pues pierden totalmente su sentido.
Las tareas de control interno son muy distintas de las de control externo o de las que realiza la Auditoría Superior de la Federación; son complementarias, pero de índole diverso. En términos generales y simplificando el análisis: las de control interno son tareas preventivas; las de control externo (auditorías externas), correctivas; y las del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, disuasivas y sancionadoras.
El control interno es el instrumento, que todas las instituciones grandes y dispersas (públicas y privadas), utilizan para regular los procesos administrativos y, particularmente, financieros y económicos de su personal, obviamente esto se complementa con revisiones periódicas y al azar que permiten detectar las fallas y desviaciones y corregirlas. La labor de vigilancia se complementa con auditorías externas, que permiten incorporar una visión ajena y compensar la denominada “ceguera de taller”. Y la labor de fiscalización de la Cámara de Diputados, es parte de la denominada “accountability” horizontal o rendición de cuentas entre órganos de Gobierno.
En cuanto a la integración del expediente y sanción de los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en este espacio he señalado que uno de los problemas existentes era que el responsable de sancionar, al final de la ruta, dependía del mismo jefe del eventualmente sancionado, particularmente en el caso de los mandos medios y superiores, pues el jefe máximo de todos era el mismo presidente. Esto se agudiza con la decisión de incorporar a la Controlaría directamente a la Presidencia.
Lo mismo pasa con el Servicio Profesional de Carrera, pues lo que busca es evitar que la llegada y salida de los servidores públicos dependan de los cambios de titular del Ejecutivo, y ahora estarán más cerca.
Así por un ahorro de 324 millones de pesos, que en muy poco (por no decir nada) contribuye a tapar el boquete fiscal, se desaparece una dependencia que al contrario debería mejorarse y fortalecerse.
El anuncio de la desaparición de las tres secretarías es un acto de mercadotecnia política, para distraer la atención de los asuntos de fondo: el gasto neto total de sector público, incluyendo secretarías, paraestatales y organismos descentralizados, pasa de representar el 24% del PIB en 2009 al 24.8% en 2010, es decir, un aumento de casi un punto porcentual. El presupuesto del Poder Ejecutivo, de acuerdo a un análisis publicado por el diario Reforma el sábado 12 de septiembre, pasa del 13.5% del PIB al 14.6, es decir, es el responsable del aumento y se debe fundamentalmente a incrementos en Pemex, CFE, IMSS y LyFC.
El presidente anunció el pasado martes 8 de septiembre un incremento de 25 mil millones de pesos en el presupuesto dedicado al combate a la pobreza, pero de acuerdo al mismo presupuesto sólo tres secretarías (Comunicaciones y Transportes; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Educación Pública) aportan ahorros por casi 42 mil millones de pesos.
Bienvenida la desaparición de Turismo y Reforma Agraria, pero es absolutamente inaceptable que lo que queda de ellas conserve un presupuesto de 7,388 millones, equivalentes al 73% de los recursos que ejercían; para disminuir 27% los gastos no se requería desaparecerlas. La Secretaría de la Función Pública, en cambio, no debe desparecer, aunque particularmente una de sus funciones (de la integración y resolución de los procedimientos administrativos) debe sustraerse del Ejecutivo.
El espectacular anuncio presidencial no debe evitar que el presupuesto federal y las medidas anunciadas se sujeten a un cuidadoso escrutinio, pues todavía hay mucho gasto corriente (sueldos, prestaciones, servicios, rentas y demás) excesivo en todas las dependencias; y los criterios de reducción y reasignación no son del todo claros.
Por lo menos, en la decisión de desaparecer las tres dependencias prevalecieron criterios de mercadotecnia política sobre los de una transformación profunda de la administración pública federal.
