A unos días de cumplirse un mes del lamentable incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, que hasta hoy segó la vida de 48 niños, las autoridades involucradas en el mismo buscan eludir sus responsabilidades y endosárselas, especialmente por la cercanía de la jornada electoral, a los gobiernos emanados de otro partido político.
Son igualmente responsables el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora; el director el IMSS, Daniel Karam; y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de parte del Gobierno Federal, de filiación panista; como el gobernador de Sonora, Eduardo Bours y el titular de la PGJE, Abel Murrieta, del Gobierno Estatal, de filiación priista.
La actuación de las dos instancias gubernamentales busca básicamente cuatro objetivos centrales: primero, responsabilizar a la otra instancia gubernamental; dos, en el caso de que la responsabilidad sea ineludible, culpar a empleados de un nivel menor y proteger a los mandos superiores; tres, si las evidencias impiden salvar a estos últimos, las consecuencias para ellos deben limitarse simplemente a la separación del cargo; y, cuatro, buscar que los costos electorales los pague el otro partido.
Esta mezquina actitud ha propiciado, particularmente por la guerra mediática, que se manifiesten los vicios de la Administración pública mexicana: nepotismo y/o tráfico de influencias; indefiniciones y traslapes en las atribuciones y obligaciones de las distintas instancias de Gobierno; incapacidad, negligencia y/o irresponsabilidad de los servidores públicos; y, obviamente, la ausencia de mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas.
Hasta hoy las únicas consecuencias para los involucrados en estos hechos son: el cierre de otras cuatro guarderías en Sonora, propiedad de los mismos socios de la siniestrada; la interposición de una demanda de responsabilidad civil del IMSS en contra del Gobierno Estatal; la renuncia o separación de su cargo de un subdirector y un subsecretario del Gobierno de Sonora; la separación del cargo del director de Protección Civil del Municipio de Hermosillo; la separación del cargo del delegado en Sonora y otros tres funcionarios de cuarto nivel en el IMSS; el otorgamiento de 13 órdenes de aprehensión contra trabajadores del Gobierno Estatal que laboraban en la bodega de la Secretaría de Hacienda, donde se inició la conflagración; y contra otros dos empleados del IMSS, vinculadas al área de guarderías.
Particularmente la detención de los empleados de Gobierno es patética, pues se responsabiliza a personas que en realidad fueron víctimas, ya que eran empleados totalmente operativos que realizaban labores de etiquetado, choferes, encargados de la llaves y otras de esta naturaleza en la bodega, pero que de ninguna manera pueden considerarse responsables de las deplorables condiciones de seguridad en las que operaba ésta.
Simples "chivos expiatorios" para cubrir la responsabilidad de los mandos superiores y los vicios de la administración pública mexicana. Hechos que generan dudas sobre tráfico de influencias: una de las dueñas de la guardería es prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón y ya es evidente que tenían, únicamente en Sonora, otras cuatro guarderías; uno de los dueños de la guardería era un ex secretario de Finanzas del PRI estatal y los esposos de las otras dos socias funcionarios del Gobierno del Estado; el dueño de las bodegas, era tío del ex secretario de Finanzas del PRI estatal y, además de rentarle a la guardería, le rentaba dos bodegas a la Secretaría de Hacienda del Estado; y la coordinadora de Guarderías del IMSS es cuñada del líder nacional del Sindicato de trabajadores del IMSS, Valdemar Gutiérrez.
Los traslapes e indefiniciones: no queda claro que autoridad es la responsable de verificar que las guarderías cumplan con las indispensables medidas de seguridad, si una instancia municipal o el mismo IMSS; tampoco hay certeza sobre quién determina el uso de suelo, si una instancia estatal o una municipal, que permitió la instalación de las bodegas del Gobierno Estatal y una gasolinera cerca de la guardería; y, obviamente, a pesar de las reiteradas conferencias de prensa conjuntas, donde el procurador estatal y el delegado de la PGR, hicieron su mejor esfuerzo por demostrar armonía, cordialidad y coordinación, es evidente que no hubo acuerdo en cuáles eran las responsabilidades de cada dependencia.
En cuanto a la incapacidad, negligencia y/o irresponsabilidad, basta revisar las declaraciones de Roberto Copado Gutiérrez, quien firmó la última revisión de seguridad de la guardería apenas siete días antes del accidente, y previamente lo había negado; o de Juan Molinar Horcasitas, quien firmó la última renovación del contrato con la guardería, a pesar de que nueve meses antes se habían documentado serias irregularidades en la misma, lo que ignora totalmente y, simplemente, culpa del incendio al Gobierno del Estado.
Y nuevamente la consecuencia es la absoluta impunidad de los verdaderos responsables, que no son los que se encontraban en las bodegas y/o la guardería el día del siniestro, sino los que hicieron posible que esto sucediera al conceder los permisos y contratos en esas deplorables condiciones; los que no le dieron seguimiento a dos llamados de atención previos; los responsables políticos y administrativos, no sólo los físicos. Pero en México el cinismo de la clase política y la ausencia de mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas permiten que las culpas y responsabilidades las paguen siempre los funcionarios públicos de trinchera, los que cumplen órdenes, los que incluso ponen en peligro su vida; mientras los que tomaron las decisiones e incumplieron sus responsabilidades permanecen tan campantes.
