"Los parientes no se escogen."
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Nunca he creído en el delito de portación de pariente prohibido. Mucho menos ahora, cuando algunos políticos y medios pretenden inventarlo para aprovechar la muerte de los niños en Hermosillo.
El IMSS tiene cerca de 1,500 guarderías subrogadas. Si cada una cuenta con cinco socios y un representante legal, estamos hablando de unas 9,000 personas. El que en este universo se encuentren dos docenas de parientes de políticos es inevitable, especialmente cuando se incluye a personajes como Luis Donaldo Colosio, fallecido hace década y media, y a otros que no tienen cargos públicos desde hace años.
Desde el momento en que se dieron a conocer los nombres de propietarios de guarderías, hubo dedos acusadores contra Tarcisio Torres Calderón, primo del presidente Calderón. He ahí a un "beneficiario" de la corrupción del presidente, se nos dijo. Sólo que la subrogación de la Guardería Infantil Sol de Michoacán se hizo en 2005, cuando Felipe Calderón no ocupaba ningún cargo público. Se trata, según Torres Calderón, de "una guardería cuyas instalaciones fueron construidas ex profeso para la actividad con material antiincendio" y que "cuenta con alarmas, extintores, circuito cerrado de televisión y enfermería." Si éstas hubieran sido las condiciones de la guardería ABC de Hermosillo, no habríamos tenido una tragedia.
A veces se nos olvida que volvimos la vista al tema de las guarderías por la muerte de 48 niños. La tragedia hizo que nos diéramos cuenta que las normas de seguridad en las guarderías no son adecuadas o no se aplican. De eso hemos pasado a una cacería de brujas en que los dueños de todas las guarderías subrogadas son presentados como criminales.
Para colmo, algunos de los nombres mencionados en las listas del IMSS ni siquiera son correctos. No lo es, al parecer, el de José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox, como tampoco el de Martha Lucía Micher, militante perredista y directora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. El que el propio Gobierno capitalino haya publicado un airado comunicado negando el papel de Micher en Casa de Apoyo a la Mujer de Guanajuato nos muestra cómo el título de propietario o representante de guardería se ha convertido en una descalificación.
La mayoría de las guarderías subrogadas, sin embargo, proporcionan un servicio honesto y necesario a un precio razonable: entre 2,100 y 2,500 pesos por niño, mientras que las 142 operadas por el Seguro Social tienen costos de entre 6,500 y 8,000. No parece, por otra parte, que constituyan un gran negocio. El año pasado el IMSS trató de concesionar 129, pero sólo pudo colocar 63 después de dos intentos (Reforma 28.06.09).
El IMSS tiene en parte responsabilidad por el linchamiento. La tardanza en la publicación de las listas de dueños y el que muchas de las concesiones se hayan dado por asignación directa provoca desconfianza. Aun así, el sistema de subrogación parece más eficiente que la administración directa por el IMSS. Eliminarlo equivaldría a despojar a cientos de miles de niños y madres de un servicio indispensable.
No podemos aceptar, por supuesto, que ni las guarderías subrogadas ni las administradas por el IMSS violen las normas de seguridad. El IMSS está anunciado que las licitaciones futuras tendrán un requisito nuevo: que los concesionarios cuenten con un seguro y que las aseguradoras se hagan responsables de verificar las instalaciones. ¿Suena familiar? Sí, el IMSS estará subrogando la supervisión de seguridad de las guarderías a empresas privadas, sólo que más preparadas para la labor que el propio Seguro Social.
Si debemos meditar el futuro de las guarderías del IMSS, más habrá que pensar en las estancias de la Sedesol. Éstas fueron creadas para que amas de casa puedan otorgar en sus domicilios particulares un servicio de cuidado de infantes. Son más de ocho mil estas estancias y en ellas se cuida a 221 mil niños. Eliminarlas crearía un serio problema social.
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