Los partidos políticos tienen todo el derecho de beneficiarse de las buenas políticas públicas de sus gobernantes, de eso no hay la menor duda; pero lo que sí genera inequidad en la contienda es el bombardear a la ciudadanía desde dos frentes (partido político y Gobierno) en una estrategia sistemática de mercadotecnia política diseñada e implementada coordinadamente.
Y eso es precisamente lo que sucede con la campaña del Partido Acción Nacional identificada como "Acción es" y que en su etapa inicial a partir del 22 de diciembre de 2008 utilizó los tres programas más promocionados por el Gobierno Federal: dos vinculados a la política social y el tercero, al combate a la inseguridad, para posicionar a su partido.
Los espectaculares que empezaron a aparecer en todos los rincones de la república mexicana hacen alusión al Seguro Popular, el programa de guarderías infantiles y el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Y son precisamente los programas sobre los que se enfocan los promocionales con los que el Gobierno Federal satura los medios electrónicos.
En los primeros meses de este año, otros partidos políticos han seguido su ejemplo, entre otros casos destaca la propaganda del Partido de la Revolución Democrática con los programas del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; y del Partido Revolucionario Institucional con el Gobierno de Veracruz.
La propaganda panista fue impugnada por los partidos de Oposición y el 27 de enero pasado el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió declarar infundados los agravios esgrimidos. La discusión en la sesión se centró sobre la legalidad o no de utilizar el Seguro Popular dentro de la propaganda panista.
El PRI y el PRD interpusieron recursos contra dicha resolución y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó por mayoría la decisión del IFE el pasado miércoles 25. En esta instancia la discusión se extendió a los dos programas sociales: el Seguro Popular y las guarderías infantiles.
Sin embargo el gran riesgo, no estriba en la utilización de los programas sociales, sino en la concertación de una estrategia de mercadotecnia política en la que se bombardea a la ciudadanía de propaganda política desde dos frentes, en función de los programas gubernamentales. Así que haber declarado ilegal, como proponían algunos consejeros y magistrados la utilización de los mismos, en poco hubiese afectado dicha posibilidad, pues aunque los programas sociales impactan de manera directa a la población más numerosa y desfavorecida, hay otros programas o acciones gubernamentales -que especialmente realizadas en momentos estratégicos- pueden ser igualmente de alto impacto, como la detención de uno de los capos más buscados. Y como la difusión de la propaganda gubernamental en los medios de comunicación social debe suspenderse hasta el inicio de las campañas electorales, lo que sucederá a nivel federal hasta el 3 de mayo, Gobiernos y partidos todavía tienen tres meses para saturar los hogares mexicanos con publicidad de programas gubernamentales en una acción concertada. En la sesión del 27 de enero, el consejero Marco Gómez señaló dicho riesgo con toda claridad, aunque él lo limitó únicamente a los programas sociales: "
La posibilidad de que en los siguientes tres meses Gobiernos y partidos se coordinen para promocionar programas, políticas públicas o acciones exitosas de amplio impacto está abierta y no por la decisión que tomó el Consejo General, sino por las deficiencias en la legislación mexicana y, particularmente, la electoral.
La utilización de los programas de Gobierno exitosos por parte de los partidos políticos durante las campañas electorales sucede en todos los países democráticos e incluso el apoyo abierto de los gobernantes a los candidatos de su partido, el problema se genera en México por dos factores: la herencia cultural del régimen del partido hegemónico y sus desmedidas ventajas; y la excesiva publicidad gubernamental, que se ha agudizado durante los dos Gobiernos panistas. La única corregible por la vía legislativa es esta segunda y urge hacerlo. Es evidente que la mesa está puesta para que los partidos políticos y los Gobiernos, en las distintas instancias, aprovechen esta laguna legal para generar ventajas irremontables. Lamentablemente ya no es posible cerrar esta puerta en este proceso electoral.
Apenas empieza el tiempo de las precampañas y ya aparecen las deficiencias de la actual legislación electoral y todavía sin contar las oportunidades que se abren por la irresponsabilidad de los legisladores de no aprobar la legislación complementaria a la reforma constitucional. Esta primera ya la aprovechan varios partidos políticos y Gobiernos en sus distintos ámbitos, en demérito de la equidad de la contienda electoral. Y las autoridades nuevamente, como sucedió en 2006, únicamente tomarán nota para sugerirle a los legisladores abordarlo en una siguiente reforma electoral.
