Un año después de planteada, finalmente el Congreso le dio cauce a una reforma a la Ley del Seguro Social que regula la acción de las llamadas empresas outsourcing, en un escenario que remite al famoso parto de los montes.
De entrada, aunque se mantiene el punto fino de la propuesta, es decir evitar que al amparo del marco que permite la subcontratación de empresas para fines específicos, se viole lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en el renglón de seguridad social para los trabajadores, no se le dan facultades específicas al Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de vigilancia.
Como recordará usted, fue el propio organismo tripartita quien impulsó la propuesta planteada formalmente por el diputado priísta Patricio Flores, aduciendo una serie de trampas para evadir la inscripción de los trabajadores o el pago de cuotas.
Más allá, el cambio de una simple palabra desinfló la principal garantía que se tenía para el cumplimiento por parte de las empresas. Estamos hablando de modificar la "responsabilidad solidaria" por "responsabilidad subsidiaria".
En el primer caso se permitía fincarle responsabilidades al contratista de la outsourcing en caso de que ésta no cumpliera en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de seguridad social, incluida la inscripción al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
De hecho, las firmas tutoras estaban obligadas a presentar a cada una de las instancias un informe trimestral de cumplimiento, incluida la clasificación en materia de riesgos de trabajo, en afán de evitar trampas.
En el segundo, el Seguro Social está obligado a realizar las pesquisas por sus propios medios, y en caso de encontrarse irregularidades, someter a las empresas a los procedimientos administrativos correspondientes.
Agotados éstos, si las firmas resultaran insolventes; ilocalizables sus dueños o inembargables por carecer de activos suficientes, quienes los contrataron están obligados a responder.
Lo curioso del caso es que la primera fórmula había sido aprobada por una mayoría aplastante de diputados de todas las corrientes políticas, congelándose durante meses la minuta en el Senado.
En el paréntesis, promovido por la Secretaría del Trabajo aduciendo que el Seguro Social no le consultó la iniciativa, las cúpulas empresariales lanzaron un feroz cabildeo alegando que se colocaba a las empresas en calidad de pilmamas.
El trámite legislativo se destrabó en los últimos días del periodo ordinario de sesiones, en lo que constituyó un maratón legislativo que soslayó la reflexión.
De hecho, ansiosos los legisladores de disfrutar del puente obligado por la epidemia de influenza A/H1N1, los diputados ni pío dijeron a la modificación de la minuta original.
El sí final llegó con 320 votos a favor y cinco abstenciones.
Por lo pronto, el gran reto será si el nuevo marco será suficiente para terminar con una simulación que le ha costado al Seguro Social la pérdida de al menos tres mil 500 millones de pesos en ingresos, considerando sólo las firmas que alguna vez dieron de alta a algunos trabajadores y luego se esfumaron, sea por saltar de un domicilio a otro o simplemente por colocar como responsables a personas sin ninguna solvencia, o abrir oficinas con sólo un escritorio y una vieja computadora.
El caso más representativo de la máscara lo transparentó nítidamente la tragedia de la mina Pasta de Conchos, al desnudarse que el Grupo México había subcontratado a una empresa para a su vez contratar a la mayoría de los trabajadores muertos
Más allá, existen empresas gigantes que crean sus propias outsourcing para evadir el reparto de utilidades y cancelar prestaciones que el corporativo les otorga a sus trabajadores y ejecutivos.
Por lo pronto, queda la duda si la prisa estranguló la reforma, en un escenario en que se pervirtió la esencia del instrumento para dejarlo en la simple posibilidad de mano de obra barata.
Rechazada una y otra vez la posibilidad de aplazar o cancelar proyectos de infraestructura ante el nuevo escenario económico del país en que los ingresos no alcanzarán para cubrir los egresos previstos, finalmente el gobierno dobló las manos en el caso de la hidroeléctrica La Parota.
Su construcción se iniciaría hasta el 2018.
La primera megaobra de la tarde en salir del ruedo.
LUPA A CABLEROS
La Comisión Federal de Competencia analiza la concentración de las firmas de televisión por cable Cablevisión, Cablemás, Megacable y Cablevisión de Monterrey, para ofrecer una oferta conjunta en servicios de triple play, es decir video, datos y voz, bajo la marca YOO.
La intención original era que la oferta fuera lanzada sólo por Cablevisión, la filial más fuerte de Televisa en el ramo.
El servicio, como usted sabe, incluye la posibilidad de 40 canales de televisión; telefonía fija con llamadas ilimitadas, y acceso a Internet.
El precio del paquete es de 499 pesos.
SE SALVÓ VOLARIS
Aplazada hace un mes la posibilidad de iniciar vuelos internacionales hasta julio próximo, la línea aérea de bajo costo Volaris se salvó de la caída dramática del turismo hacia nuestro país, que coloca de espaldas a la pared a Aeroméxico y Mexicana de Aviación.
Como usted sabe, la empresa que encabeza Pedro Aspe Armella firmó una alianza con la línea aérea local estadounidense Southern para alimentarse mutuamente de pasajeros.
El plus de la firma es que utiliza aviones nuevos que, de acuerdo a las reglas internacionales de aeronavegación, no reciclan el aire de la cabina, sino lo renuevan cada tres minutos.
ACUERDO MARCO
En un inédito desde la revisión pactada por las partes del Contrato-Ley de la industria azucarera, Teléfonos de México logró un acuerdo marco con su sindicato que encabeza Francisco Hernández Juárez, para laxar algunas de las cláusulas del contrato colectivo.
De entrada, la posibilidad de jubilación se alarga a los 35 años de servicio, a condición, para hombres y mujeres, de haber cumplido 60 años.
Más allá, habrá acciones conjuntas para mejorar la competitividad de la empresa, la calidad de servicio, la atención al cliente y la capacitación.
SARE CUESTA ABAJO
La calificadora de deuda Fitch Rating modificó a la baja la calidad crediticia de la empresa promotora de vivienda Sare, afectando incluso una emisión de certificados bursátiles en el mercado.
La exposición de motivos habla de un continuo debilitamiento en los principales indicadores financieros y operativos de la empresa, en un escenario que plantea un entorno de negocios más desafiante.
El talón de Aquiles de la firma fue su incursión en la construcción de vivienda vertical y en el segmento de segunda vivienda para clientes con altos ingresos.
