En convocatoria al patetismo, hete aquí que la Secretaría de la Función Pública acaba de enviar una catarata de copias de un oficio a los principales funcionarios de Petróleos Mexicanos, conminándolos a señalar lo que sepan del "Caso Siemens".
Dicho con todas las letras, delatar a quien recibió el soborno de 2.6 millones de dólares que, de acuerdo con una investigación realizada por la Comisión de Valores de Estados Unidos, inclinó la balanza a favor de la firma en un viejo litigio.
Estamos hablando de una reclamación planteada ante la Corte Internacional de Arbitraje, filial de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, por el consorcio de mayoría de capital coreano Comproca, al que concurría, naturalmente, Siemens, en paralelo a la constructora nacional Tribasa, además de Sunkyong Engineering.
El reclamante ganó durante el sexenio zedillista un contrato para la modernización y reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, que se convertiría en objeto de la discordia.
El documento se firmó bajo el marco del desaparecido esquema de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), es decir, como obra financiada por el contratista, cuya factura se cobraría a partir de la entrega de las obras, según ello con el propio flujo a generar.
El caso es que el consorcio, pese a entregar las obras en un escenario que producía pena ajena, planteó reclamos por vicios ocultos en el contrato, que en un principio se trataron de atender bajo el arbitraje de la Secretaría de la Función Pública.
La ruptura, que obligó a ventilar el asunto ante la instancia internacional, llegó cuando Petróleos Mexicanos planteó a su vez su propia reclamación, en este caso por mil millones de dólares, aduciendo, entre otras cosas, que el consorcio había empleado materiales de segunda en las obras.
Peor aún, éstas se entregaron inconclusas, es decir, cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolinas apenas podían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Lo absurdo del asunto es que la empresa pública aceptó firmar un finiquito que le obligaba a pagar las facturas a partir de febrero de 2001, es decir cuatro años después de la firma del contrato.
El documento lo avaló el ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos
El escándalo se volvió mayor al filtrarse una información de Estados Unidos, que planteaba el final de una investigación contra la firma alemana Siemens, a la que se acusaba de haber otorgado subsidios en varios países, entre ellos México.
La firma había cubierto una colosal multa tras declararse culpable.
A la letra, el informe de la SEC hablaba de que los 2.6 millones de dólares se le habían entregado a un gestor, que a su vez sobornó con una parte de la cantidad a un "alto funcionario" de la empresa pública.
Las entrelíneas del informe señalaban que el dinero, la "mordida", la "mochada", el "entre", había permitido que Petróleos Mexicanos se hiciera de la vista gorda en la entrega de pruebas de descargo ante el panel de arbitraje constituido, por más que la paraestatal estaba en la lona desde que firmó el finiquito.
El caso es que días después de estallado el escándalo la instancia de arbitraje entregaría su veredicto
Estamos hablando de un pliego de responsabilidades contra la empresa pública que avalaba el reclamo de la contraparte.
El proceso, empero, se encuentra en fase de verificación sobre la justeza del monto reclamado, es decir 648 millones de dólares, en un escenario en que los coreanos se pasaron por alto todas las reglas. De entrada, se pisoteó la exigencia de 35% de contenido nacional, con la novedad de que no sólo los materiales sino la mano de obra llegó del exterior.
En la cumbre del abuso, hete aquí que se reclutó a 400 jóvenes en edad de servicio militar, que canjearan la posibilidad de reclutamiento por tareas para el consorcio coreano. Concretamente se les habilitó como soldadores.
Más allá, Petróleos Mexicanos tenía pruebas de que había obligado a Comproca a cambiar 300 válvulas de conexión que, a juicio de los peritos contratados, no reunían la calidad requerida.
Y si le seguimos, muchos de los tubos de los ductos para el traslado de petróleo presentaban signos visibles de corrosión.
Se diría, pues, que fue la corrupción no la justicia el vencedor de la pelea.
Por lo pronto, incapaz de hacer deducciones, incapaz de plantear líneas de investigación, incapaz de bucear hacia el fondo, la Secretaría de la Función Pública envió su lluvia de papelitos.
No sean malos, dénos el pitazo. Por su mamacita. ¿Lloramos o reímos?
Desatada la furia gubernamental contra el magnate Carlos Slim Helú tras desnudar el tembeleque optimismo gubernamental con sus pronósticos calificados de "catastrofistas", hay quienes están aconsejando darle un golpe mortal al empresario.
Estamos hablando de obligarlo a desmembrar su imperio en materia de telecomunicaciones. El ariete sería la Comisión Federal de Competencia.
La exposición de motivos habla de que los activos del empresario equivalen a 10% del Producto Interno Bruto nacional, en un escenario en que al millonario David Rockefeller se le obligó a dividir su conglomerado cuando su tamaño equivalía a 5% del de Estados Unidos.
Por lo pronto, Televisa apuesta para que se alargue la posibilidad del triple play, es decir, que Teléfonos de México pueda ofrecer servicio de video a través de su red.
Las cachetadas, pues, volarán enloquecidas.
VAN SOBRE LUZ Y FUERZA
A la callada, desde la Secretaría de Energía se prepara lo que se califica de reestructura integral de la paraestatal Luz y Fuerza, incluida la "revisión" del contrato colectivo pactado con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Mas allá, se replanteará la reestructura total de su administración, en un escenario en que la firma arrastra pérdidas multimillonarias desde hace una década.
Actualmente, en el inaudito, la plantilla de mandos se negocia con el propio sindicato.
Como usted sabe, la ex Compañía de Luz y Fuerza del Centro sobrevive gracias a un jugoso subsidio del gobierno, que este año llagará a 26 mil millones de pesos.
A LA CALLE 600 MIL
De acuerdo al cálculo de la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos de la Industria Textil, en los últimos cinco años han cerrado sus puertas 3 mil empresas del ramo, propiciándose la pérdida de 600 mil empleos, 400 mil en confección y el resto en la producción de telas.
El escenario habla tantito de la crisis y tantito de la creciente piratería y contrabando, además de una fuerte carga impositiva.
De hecho, en algunos casos se ha reducido la producción a solo 12 horas a la semana.
