En lo que representa el más fabuloso regalo de Navidad, la Comisión Reguladora de Energía emitió una resolución vía la cual se le entregan olímpicamente bienes de la nación a empresas gaseras nacionales y multinacionales, con cargo a Petróleos Mexicanos... y de pasadita a la Comisión Federal de Electricidad.
Estamos hablando de terminales de almacenamiento y ductos de gas natural y gas LP (licuado de petróleo) para uso de las firmas que se dediquen a la actividad.
La tarjeta lleva los atentos saludos del presidente del organismo, Francisco Salazar Díez de Sollano, por más que la factura la paga el país.
Del tamaño del absurdo habla, en el inaudito, el "no gracias" que le endilgó al generoso donante la Cámara Regional del Gas en la que caben empresas de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Zacatecas y Sinaloa, aduciendo que no se puede regalar así como así el patrimonio de la nación.
De acuerdo con el presidente del organismo, Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, la medida atenta contra el espíritu de la Constitución, agrede al pueblo de México, pone en riesgo la viabilidad de la industria de gas LP y amenaza los miles de empleos que genera.
Más todavía, se le coloca un dique a la posibilidad de que las empresas del ramo inviertan en infraestructura, bajo el justificante de para qué si papá Gobierno provee, provocando una competencia desigual para quienes lo han hecho.
La resolución de la discordia la expidió la Comisión Reguladora de Energía el 17 de noviembre pasado, publicándose de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.
Según ella, ésta se convierte en una suerte de administradora del patrimonio de Pemex, decidiendo a qué empresa gasera se le abastece vía la infraestructura de la empresa pública. La mano laxa, o si le prefiere la dadivosidad oficial, se inició hace una década con la entrega de los ductos e instalaciones de gas natural a empresas multinacionales como Repsol, Gas Natural y Tractebel, convirtiéndolas en monopolio.
La paradoja del caso es que se habló de dar un gran salto hacia adelante al conjurarse el peligro que representa la distribución de gas LP, al abaratar el costo del combustible, y al manejarse bajo esquemas profesionales la facturación.
El caso es que ninguno de los supuestos ocurrió. De entrada, se volvieron pan de cada día las explosiones en los ductos de gas natural; se encareció el combustible a niveles superiores a los del gas LP y se dio paso franco a los abusos hacia los usuarios. A quién le importa si en cualquier país del planeta se exige a las empresas no sólo invertir en su propia infraestructura, sino garantizar la seguridad de ésta.
A quién le importa, más allá, si Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han invertido miles de millones de pesos en las últimas décadas para crear su propia infraestructura.
En la lista están, por ejemplo, una planta regasificadora para la CFE en Altamira, Tamaulipas, que inició operaciones en septiembre de 2006, con un costo de 560 millones de dólares.
Más allá, está la terminal regasificadora que se construye en Manzanillo y que iniciará operaciones en 2011.
Sumadas, las inversiones recientes del gobierno alcanzan mil 250 millones de dólares... que se colocarán al pie del arbolito de Navidad de las gaseras.
El negocio, pues, será redondo para las firmas privadas que sin riesgo alguno y sin necesidad de contar con almacenes propios podrán utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos para comprar gas en el mercado internacional cuando éste resulte más barato... y vendérselo al propio gobierno vía cualquiera de las dos paraestatales.
En paralelo, naturalmente, podrán mantener el subsidio que les ofrece el gobierno.
Se diría, pues, que con una simple resolución del órgano regulador se atropella la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para entregar a particulares la infraestructura de Pemex. Lo que no pudo lograr el gobierno con su propuesta de reforma energética se alcanza con la simple firma de un funcionario menor.
La pregunta es si el Congreso dejará pasar el gol sin meter las manos.
Aunque el alerta que envió a sus agremiados el sindicato minero habla de una intervención policiaca para desalojar a los huelguistas de Minera de Cananea y dos minas ubicadas en Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, lo cierto es que la posibilidad habla de resolver el asunto en el escritorio. Estamos hablando de un nuevo laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para disolver la relación laboral entre el sindicato minero y las tres factorías, todas ellas del Grupo Minera México.
La exposición de motivos hablaría de falta de materia, tras 29 meses de huelga.
Según ello, la empresa estaría en opción de recontratar a los mineros... con el aval de un nuevo sindicato.
Curiosamente el golpe lo precede una iniciativa de ley avalada por la bancada panista que plantea extinguir una huelga cuando se prolongue durante más de 60 días sin que exista voluntad de las partes para negociar.
La pregunta, naturalmente, es si con ello se declara nula la capacidad arbitral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
DE CUATES
Ubicado como uno de los grandes contratistas de Petróleos Mexicanos, constructora, entre otras, de una colosal plataforma marina para realizar trabajos de explotación y exploración que estaría funcionando a partir del año próximo, Ramiro Garza Cantú le ofreció una comida navideña al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel. Al convivio asistió el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a quien se ubica como mentor del funcionario, al punto que muchos lo ubicaban como su sobrino.
Puros cuates, pues.
APUESTAS MINERAS
A contrapelo de lo previsto, es decir 3 mil 656 millones, este año la inversión total en la industria minera del país ascenderá sólo a 2 mil 700 millones de dólares, monto que, sin embargo, de acuerdo con las expectativas, llegará a 7 mil 600 millones en 2012. De hecho, sólo un proyecto en Zacatecas reclamó una apuesta de mil 600 millones de billetes verdes. Sin embargo, los productores siguen quejándose de ausencia de políticas públicas en la materia.
SEGURO Y CHOFER
En afán de entrar con el pie derecho al mercado mexicano, la compañía de seguros HBS está ofreciendo atractivos que parecieran insuperables. De entrada, se ofrece un servicio de chofer para automovilistas en estado de ebriedad.
En paralelo, se garantiza apoyo para cirugía estética de mujeres que sufran problemas faciales por algún percance.
Más allá, habrá un deducible de cero para quienes sufran el robo de su automóvil.
El reto, pues, está ahí para la competencia.
