La labor periodística se complica ante el contexto violento que existe en el país.
LUCHA
Por contexto violento en el país se impulsan reformas legales pro la libertad de expresión en el país.
Durango. Chihuahua, Tamaulipas y Baja California –en ese orden- son los estados que presentan un mayor peligro para ejercer el periodismo, resaltó Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
Indicó además que ante el clima de violencia que se registra en el país los periodistas se encuentran indefensos, sin embargo, se avizoran cambios en las leyes que permitirán que los delitos en su contra tengan seguimiento y sean castigados.
Abuso. “Todos los crímenes (contra periodistas) se encuentran en la más absoluta y vergonzosa impunidad, entonces no podemos decir quiénes los han hecho pero sí podemos señalar a las autoridades, a todas, en que están pecando de omisión o de complicidad y ambas actitudes son delitos y deben castigarse”, remarcó.
Desde su punto de vista, si se tomara la decisión política de verdaderamente investigar los delitos contra los periodistas, este fenómeno se iría para atrás, pero pasa lo contrario: se incrementa porque no hay castigo ni para los autores materiales o intelectuales.
“La única parte donde hemos encontrado algo de apoyo es en la Comisión Especial que da seguimiento a los atentados a periodistas y a sus medios de la Cámara de Diputados. La cual creó un Consejo Consultivo de la cual forma parte la Felap y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos”, compartió.
Pendientes. Ya se logró aterrizar una reforma constitucional para que los delitos que se cometan en contra de la libertad de expresión sean de competencia federal. Asimismo, se creó la Subprocuraduría Especial para la Atención de Delitos contra Comunicadores. “Esto ya se presentó en comisiones, se les dio copia a cada uno de los líderes parlamentarios y también al presidente de la Cámara, César Duarte”, participó.
Pero aún faltan algunos aspectos por lograr en la agenda legislativa, como lo es elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas.
Rentería Arróyave disertó que en la actualidad, al tratarse de un delito del fuero común, no se le da seguimiento a los ataques contra la libertad de expresión, lo cual tendrá que cambiar al estar bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo peor que le puede suceder al periodismo mexicano –advirtió el entrevistado- es la autocensura, pues en ese momento ya no se defiende a la sociedad en su legítimo derecho de estar bien informado. Y esto, lamentó, ya sucede en municipios del norte del país.
Citlalli Zoé Sánchez |
El Siglo de Durango
