La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó informes a la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sobre los operativos contra el narcotráfico en el país, además de solicitarle al Poder Ejecutivo federal que actúe con respeto y se coordine con los gobiernos estatales.
La PGR deberá incluir un informe sobre los arraigos concedidos a partir de la vigencia de esta figura –desde junio de 2008-, con el desglose de cuántos de ellos fueron consignados y cuántos fueron liberados, como propuso Ricardo Monreal, coordinador del Partido del Trabajo en el Senado.
Los legisladores requieren que se detallen los nombres de los delegados y funcionarios responsables de la PGR y la Policía Federal en las entidades federativas dónde se realizaron operativos; en particular de aquellos que estuvieron en funciones durante el curso de las investigaciones que fueron la base de los operativos, así como la situación legal de dichos funcionarios federales.
Monreal dijo que desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha van alrededor de 11 mil personas muertas, como resultado del combate al crimen organizado, de los cuales al menos dos mil personas eran policías, militares y civiles, “personas que nosotros consideramos eran inocentes”.
En opinión de Monreal “lamentablemente hay una ceguera y una resistencia a querer reconstruir o rediseñar la estrategia con mayor inteligencia”.
Durante la votación la senadora panista Beatriz Zavala votó a favor del punto de acuerdo, mientras el diputado Christian Castaño, le hacía señas recordándole que ellos votarían en contra.
En otro exhorto aprobado por los legisladores se plantea al Poder Ejecutivo federal que respete las formas y los procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de garantizar que la lucha contra la delincuencia organizada se efectúe en estricto apego a los principios fundamentales de respeto y cooperación entre autoridades federales y estatales.
Asimismo, la Permanente pidió a la Auditoría Superior de la Federación revise el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados, del presente año, para ver qué acciones concretas han hecho con ese dinero.
