El comité directivo del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León acordó en sesión extraordinaria solicitar formalmente la expulsión del alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, ante los hechos y denuncias reiteradas de corrupción en la administración municipal.
La noche de ayer jueves sesionaron los consejeros blanquiazules en las instalaciones panistas ubicadas en pleno centro de Monterrey, y trás más de dos horas de reunión a puerta cerrada acordaron presentar dicha solicitud al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin notificarlo a los medios de comunicación.
El presidente estatal del Partido Acción Nacional en la entidad, Juan Carlos Ruiz García, fue quien puso sobre la mesa una "petición de inicio de procedimiento de declaratoria de expulsión" en contra del edil regiomontano.
En este sentido, Juan Carlos Ruiz aseguró que se trata de "un tema que por su naturaleza, el partido reserva la información del caso y una vez concluido podremos darlo a conocer".
A pesar de ello, varios de los asistentes a la reunión detallaron que se trata de una petición directa a la comisión de orden del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con la finalidad de que se expulse al panista Adalberto Madero Quiroga, quien desde el 2006 fue electo como alcalde de Monterrey.
Los integrantes del Comité Directivo Estatal aprobaron por unanimidad el proyecto que presentó la dirigencia, y que ahora deberá ser turnado al CEN para que éste a su vez lo pase a la Comisión de Orden del partido.
"Se acuerda promover la solicitud de inicio de procedimiento de declaratoria de expulsión, en virtud de los hechos graves y reiterados de corrupción", señala el documento.
Además, el proyecto solicita al CEN, que preside César Nava, que como medida cautelar suspenda todos los derechos de Madero Quiroga en tanto la Comisión de Orden no resuelva el expediente, lo anterior en base a la reforma estatutaria que aprobó el PAN en abril de 2008 y que abre esta posibilidad para un término de hasta un año.
Esto significa que mientras no haya un resolutivo, Madero no podría participar en ninguna actividad del partido, como procesos internos para candidaturas, cargos al interior ni ejercer el voto como integrante del Consejo Estatal y Nacional.
La Comisión de Orden Nacional tiene un plazo de 40 días hábiles para emitir un resolutivo, a partir de que se reciba la solicitud de sanción correspondiente y debido a que Madero es integrante del Consejo Nacional, tiene que ser la Comisión de Orden Nacional la que conozca el caso.
El motivo de dicha solicitud es que a lo largo de su administración, que culmina en noviembre del 2009, tuvo innumerables señalamientos por presuntos actos de corrupción que cometía o permitía que se cometieran por parte de colaboradores cercanos, en perjuicio directo al erario público.
Estas acusaciones no solamente fueron señaladas y fundamentadas por los medios de comunicación locales sino incluso por empresarios de la entidad, quienes en más de una ocasión lo acusaron de ser "el alcalde más corrupto en la historia de Monterrey".
A lo largo de su administración, Adalberto Madero tuvo que clausurar departamentos e incluso soportar periodicazos -como se le dice en argot político-, ya que continuamente las cámaras empresariales publicaban sendos desplegados en su contra, en los principales diarios de la localidad.
Ejemplo de ello es que en diciembre del 2008 cerró el departamento de parquímetros porque los empleados, partiendo desde el director que él nombró, desviaron al menos unos 14 millones de pesos en cuotas cercanas a los 100 mil pesos diarios, provenientes de los 7 mil 600 parquímetros.
Previamente, en julio, todas las cámaras empresariales de Nuevo León se juntaron en una rueda de prensa y le exigieron frenar la corrupción en su administración, misma de la que lo responsabilizaron por completo.
La Caintra, el Centro Bancario, la Canadevi, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, la Canaco, el Ccinlac y la Coparmex pagaron, incluso, publicaciones contra Madero Quiroga, en las cuales lo acusan de frenar las actividades productivas en la capital del estado, por sus "corruptelas y actos ilícitos".
Estos señalamientos también salieron a relucir en contra de las áreas de Comercio y Alcoholes, acusando al alcalde de aceptar fuertes sumas de dinero a cambio de permitir la operación de casinos ilícitos, table-dance clandestinos o bares sin licencia.
