MEXICO, DF.- Entre el 10 de abril y 14 de agosto pasados la Secretaría de Gobernación (Segob) compiló los datos del 15% de los celulares en uso en el país, un proceso para el cual se dio un año de plazo.
El Senado ha solicitado un informe a la dependencia sobre el avance del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), para evitar su uso a la delincuencia organizada, pero sobre todo por qué fue Gobernación y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la responsable de la base de datos.
"Se solicita que dicho informe contenga los fines y objetivos con que se están utilizando los datos conservados por el Renaut, así como una amplia explicación jurídica y práctica sobre el procedimiento de registro de usuarios mediante el envío de mensajes de texto instaurado", indica el documento.
De acuerdo con información de Gobernación, de los 76 millones de celulares en uso en México, al 14 de agosto pasado estaban ya en el Renaut 12 millones 222 mil 61.
Mario López Valdés, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), autor del punto de acuerdo avalado ya por la Comisión de Comunicación y Transportes del Senado, advirtió que la ley no puede abatir el crimen si no se aplica por el Poder Ejecutivo.
"El compromiso ante la sociedad mexicana era el adecuar los ordenamientos jurídicos a los sucesos y realidades sociales que nos han ido imponiendo día con día los delincuentes y las organizaciones delictivas", argumentó el senador del PRI.
"Desafortunadamente este flagelo a la sociedad mexicana no va disminuir por obra y gracia de un decreto legislativo ya que se requiere de su estricta aplicación y cabal cumplimiento, sin que alguna de las dependencias gubernamentales y órganos reguladores obligados a acatar la reforma en toda su extensión, eximan su responsabilidad por comodidad o acuerdo político sin sustento en su cumplimiento", argumentó.
Según el senador priísta, "se puede observar que tanto la SCT como Cofetel, no han sido los encargados de poner en marcha estas disposiciones, sino la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, a través del llamado Renaut, instituciones a quienes ninguna ley o decreto les otorga dicha facultad, a pesar de que tal como aparece en su página web, utilizan el Decreto de 9 de febrero como su fundamento legal".
