Preocupación. En la imagen, el alcalde de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón.
MÉXICO, DF.- Municipios del país se perfilan hacia la ruta de la quiebra por la caída superior al 20% del fondo general de participaciones (más de 20 mil millones de pesos), los recortes presupuestales y baja en la recaudación local, lo cual tendrá un impacto negativo en el combate en seguridad pública para enfrentar la delincuencia, en la prestación de los servicios y se corre el riesgo de despedir paulatinamente al personal de confianza.
Ante esto, la Federación Nacional de Municipios de México demandó a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión un programa emergente especial para esos niveles de Gobierno, a fin de subsanar los gastos de operación dado que los recortes presupuestales inciden de manera directa en operación de los municipios.
La Fenamm, que concentra a mil 600 alcaldes, en su mayoría priistas, planteó a los diputados federales electos trabajar conjuntamente con los gobiernos locales para rescatar de la difícil situación en que se encuentran la mayoría de los más de 2 mil 400 municipios del país, principalmente el 50% que depende de los recursos federales y que no generan recursos propios.
Alcaldes alertaron que la situación en las localidades podría empeorar en el último cuatrimestre del año, principalmente porque no tienen para pagar la nómina que representa hasta un 70% de los presupuestos locales.
Jesús Vizcarra, presidente municipal de Culiacán, Sinaloa y dirigente de la Fenamm, informó que en un encuentro de miembros de la misma se establecieron 10 acuerdos.
Uno de éstos es concretar planes de reducción de gastos, entre los cuales no descartó reducción de salarios de alcaldes, evitar compras innecesarias, como vehículos y combustible.
Resaltó que se pretende construir con los diputados de la próxima legislatura un enfoque de eficiencia en los recursos públicos de la Federación. En tal sentido, solicitaron que el Subsemun sea un fondo y no un subsidio y permanente, al tiempo que tenga un aumento de 50% y se convierta en plan de acción para la prevención del delito.
