El Gobierno de México formalizó ante las autoridades de Canadá la solicitud de extradición del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por considerarlo probable responsable de los delitos de fraude, asociación delictuosa y otros ilícitos, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La solicitud se envió mediante valija diplomática a Canadá, donde Gómez Urrutia radica desde hace casi tres años, y se presentó oficialmente el treinta de diciembre de 2008 ante las autoridades de ese país.
El Ministerio Público Federal fundamenta su petición en la orden de aprehensión que otorgó el juzgado primero de distrito en materia penal, en septiembre de 2008, contra el líder sindical y otros cuatro dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
La PGR acusa al dirigente de los mineros y sus compañeros de violar el Artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad grave, por disponer ilegalmente en 2004 de diversas cuentas bancarias desde las que se transfirieron 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores del gremio.
El citado artículo prevé una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de hasta 30 mil días de salario “a quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito”.
Napoleón Gómez Urrutia tiene además, vigentes, otras tres órdenes de aprehensión libradas por diferentes juzgados y acumuladas en el juzgado 19 penal del Distrito Federal por el delito de fraude, derivado de la denuncia presentada en su contra por casi cinco mil agremiados al sindicato.
