La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó haber obtenido nuevas 'posibles pruebas' respecto al caso Acteal y pidió a la SCJN postergar una eventual resolución de amparo a favor de sentenciados.
En un comunicado, la dependencia dijo que esto serviría 'para garantizar la paz social que prevalece en la entidad'.
Señaló que ante esa probable resolución -podría darse hoy- tiene avances de instancias dedicadas a la investigación de esos hechos en los que 45 indígenas murieron en esa localidad en 1997, los cuales pone a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Agregó que derivado de sus investigaciones en relación con los hechos, la Fiscalía Especializada informó de nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como de civiles.
Refirió, por posible omisión, al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
Para tales efectos, señaló que se han practicado 105 diligencias, entre las que destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos de los ámbitos local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones.
Además, se han practicado dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía, entre otros.
Por lo anterior, añadió, y con base en el trabajo que esa Fiscalía Especializada realiza, prosigue la integración correspondiente de dichas investigaciones tendiente a esclarecer los hechos ocurridos.
Esto, para acreditar, o en su caso, descartar que las autoridades de los ámbitos federal y estatal habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la ejecución de esos acontecimientos.
Resaltó que al 22 de diciembre de 1997, fecha de los hechos, antecedieron actos delictivos en esa zona de Chiapas, que se recrudecieron a partir de mayo, suscitando, entre otros, violaciones, robos, homicidios, generando desplazamiento de pobladores.
Refirió que ello se derivó de la presunta falta de la intervención oportuna y obligada de las autoridades que habrían caído en negligencia y omisión en la aplicación de la ley.
Al respecto, la dependencia destacó la existencia de una carta, enviada por quien era en ese entonces obispo coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Vera López, al entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.
Señaló que la misiva fue publicada en diversos medios de comunicación, en la cual prevenía y exponía, entre otros hechos, actos delictivos suscitados en la zona Altos de Chiapas.
Añadió que posee una grabación en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a las acciones violentas originadas previo a los asesinatos.
En dicha grabación, aseguró que Chuayffet Chemor afirma que en octubre de 1997 recibió de Raúl Vera López una carta, en la cual, 'me dice que va a pasar todo esto', refiriéndose al caso Acteal. Y confirma de propia voz: 'tengo la carta, y no es fotostática'.
Sostuvo también contar con una declaración del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien señaló que informó 'en todo momento al secretario de Gobernación de la problemática en las diferentes regiones del estado, concretamente en el municipio de Chenalhó'.
Por ello, la autoridad local solicitó, de manera respetuosa a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, que posponga la sesión donde se determinará la resolución con respecto al segundo grupo de juicios relacionados con el caso Acteal.
