Inversión. El Gobierno mexicano invierte en promedio 5 mil 400 dólares al año por estudiante en el nivel superior. ARCHIVO
Señalan beneficios de compartir gastos estudiantes y Gobierno.
MÉXICO, DF.- Los estudiantes deben compartir con el Gobierno el costo de la educación universitaria que reciben, señaló ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"La gente que estudia y el Gobierno mismo, ambos, deben compartir la carga para pagar por esos estudios", expresó Andreas Schleicher, jefe de la División de Indicadores y Análisis de Educación de la OCDE.
Al dar a conocer el Panorama Mundial de la Educación 2009, a través de una videoconferencia desde París, Schleicher dijo que la mejor manera de ver el costo de la inversión educativa es analizando los beneficios que generan los estudios universitarios tanto para las personas como para el país.
"La mejor forma de verlo es ver los beneficios, la gente que estudia en las universidades va a ganar más cuando salga de la universidad, tienen más oportunidades, obtienen beneficios privados, personales; y el Gobierno también se va a beneficiar, porque va a tener una mejor fuerza laboral, más calificada, son beneficios públicos.
"La pregunta es en qué medida tanto el beneficio público como el privado debe reflejarse en el costo público y privado de la educación".
Es que según el informe de la OCDE, el Gobierno mexicano invierte en promedio 5 mil 400 dólares al año por estudiante en el nivel superior, pero de esa inversión obtiene un beneficio público neto de 52 mil dólares a lo largo de la vida laboral del egresado universitario.
El informe destaca que en aquellos países donde los estudiantes pagan cuotas altas en la educación superior pública, no ha disminuido la matrícula, e incluso tienden a contar con una alta cobertura, porque los estudiantes con menores ingresos reciben subsidios públicos.
En Australia, donde el costo anual es de 4 mil 35 dólares, tiene una cobertura de 86 por ciento, y en el caso de EU es de 65 por ciento.
La OCDE hace énfasis en la necesidad de reforzar el gasto educativo en momentos en que las economías de los países pasan por un periodo de crisis económica, que si bien comienza a estabilizarse, no está exenta de recortes a los presupuestos educativos.
