“Uno de los mayores obstáculos
para la prosperidad y engrandecimiento
de la Nación es la falta de movimiento
o libre circulación de una gran
parte de la propiedad raíz”.
Ley de Desamortización, 1856
Si algo nos ha enseñado la decisión sobre la ubicación de la nueva refinería de Pemex es la enorme dificultad para vender, expropiar y regularizar tierras ejidales para permitir cualquier inversión, pública o privada. Si un proceso de venta que cuenta con el decidido apoyo del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales de Hidalgo y Guanajuato, así como la anuencia de los ejidatarios, puede tardar tanto, podemos imaginar lo que ocurre con otras propuestas de inversión.
Cualquier persona o empresa que haya tratado de hacer una inversión productiva en tierras ejidales puede contar historias de horror. La compra de terrenos es una pesadilla que el comisionado ejidal o un grupo pequeño de ejidatarios puede parar en cualquier momento. Aun cuando la mayoría de los ejidatarios esté de acuerdo en la venta, los disidentes pueden sacar machetes y parar el proceso.
Incluso cuando la venta o la expropiación son supuestamente finales, los tribunales pueden revertir la operación muchos años después. El 5 de noviembre de 2008 un tribunal colegiado otorgó amparo definitivo a dos grupos de ejidatarios, representados por Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano, por una expropiación en Altamira, Tamaulipas, realizada por José López Portillo en 1981. El problema es que en Altamira ya se han construido las instalaciones de un puerto industrial de enorme valor. La incertidumbre ha provocado que algunos comisarios ejidales y grupos de ejidatarios lleven a cabo actos de extorsión con absoluta impunidad. “Quizá usted ya compró el terreno y lo pagó, pero si quiere construir tiene que volverme a pagar”.
Buena parte de la pobreza del campo mexicano es producto de esa incertidumbre jurídica. La inversión en zonas rurales es en México una apuesta de mucho mayor riesgo que en las ciudades. Ante la falta de inversión, en México la pobreza se concentra en las zonas rurales, mientras que en otros países la población del campo tiene niveles de vida iguales o incluso superiores a los de las ciudades.
Nadie puede considerarse sorprendido. Los liberales del siglo XIX advirtieron las dañinas consecuencias de “la falta de movimiento o libre circulación… de la propiedad raíz”. Por eso la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y Corporaciones del 28 de junio de 1856, la Ley Lerdo, desamortizaba no solamente los bienes raíces de la Iglesia sino también los comunales de los pueblos indígenas, llamadas “exidos” (ejidos) por la Ley de Indias de 1523.
La Ley Agraria de 1915 y la Constitución de 1917 restablecieron los ejidos de la Colonia y prohibieron su comercio. En 1992 se modificó el Artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales, pero se impusieron tantas limitaciones que sólo un 1 por ciento de las tierras ejidales se han vendido. El 59 por ciento del territorio nacional sigue estando compuesto de ejidos o tierras comunales.
La restricción a la venta de terrenos ejidales ha sido presentada como una defensa de los derechos de los campesinos. La verdad, sin embargo, es muy distinta. La legislación trata a los campesinos como menores de edad que no pueden tomar sus propias decisiones. Pero además ha condenado al campo a la pobreza al impedir las inversiones productivas.
INVERSIÓN
La inversión pública creció 30 por ciento en el primer trimestre del 2009. La sección “Los números en imagen” de la página de Internet de Hacienda compara esta inversión con la baja de 15 por ciento en la privada y comenta: “La inversión pública ha actuado de manera contracíclica, contrarrestando los efectos de la caída de la inversión privada”. Pero con una caída de 9 por ciento del PIB en el primer semestre del 2009, difícilmente se puede argumentar que ese aumento de la inversión pública haya “contrarrestado” la caída en la inversión privada.
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