De continuar el bloqueo del agua de la presa La Rosilla, podría intervenir la fuerza pública, para abastecer a la ciudadanía de El Salto.
EL SALTO
El ejido La Victoria quita capacidad de distribución a la red de agua y se expone a la intervención de la fuerza pública.
El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.- El Ayuntamiento de Pueblo Nuevo podría utilizar la fuerza pública y hacer valer sus derechos para acceder al agua de las presas La Rosilla I y La Rosilla II, pues se ha cumplido a cabalidad la Ley de Aguas Nacionales, sostuvo Juan Carlos Arellano Quiñones, director del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sideapas), de Pueblo Nuevo.
Postura. En realidad el Ayuntamiento no quiere ocasionar un conflicto social y es por ello que no se ha actuado de esa manera (la intervención con la fuerza pública), expresó el funcionario municipal.
Presuntamente el ejido La Victoria ha negado el abastecimiento de agua de las presas La Rosilla I y La Rosilla II al Ayuntamiento, mientras que los comuneros de esa localidad piden una cuota a particulares de aproximadamente 500 pesos por pipa pequeña de agua que se recargue en el arroyo, hecho irregular, pues los ejidatarios no tienen derecho a llevar a cabo el mencionado cobro, señalan inconformes.
Preocupante. Por otra parte, Arellano Quiñones dijo que una de las principales preocupaciones que hay es en el sentido de que “le estamos quitando capacidad de distribución a la red de agua”, ya que el líquido con que se llenaban las pipas del Ayuntamiento era del que las presas derraman naturalmente, pero ahora, para evitar un problema social “estamos abasteciéndonos de una línea directa de las presas” y el almacenamiento de éstas está bajando antes de tiempo, explicó.
Por Yadira Ramírez Villarello
El Siglo de Durango
Antecedentes del conflicto
El Siglo de Durango, en su publicación del 8 de enero del presente año, dio a conocer que el ejido La Victoria ha negado que vehículos del Ayuntamiento carguen agua de las mencionadas presas –práctica cotidiana que llevaba a cabo el Ayuntamiento hasta el 17 de diciembre-, tras el argumento de que se estaba consumiendo el líquido de los ejidatarios; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) luego de enterarse de los hechos advirtió que la acción de los comuneros del mencionado ejido era ilegal, por lo que se podría actuar jurídicamente en su contra.
El Director del Sideapas coincidió con el argumento del alcalde, Daniel Delgado Meraz, quien destacó que el Ayuntamiento eroga mensualmente alrededor de 27 mil pesos por el derecho de agua, recurso que de alguna manera regresa a la Presidencia Municipal pero como presupuesto para obra a través de los programas federales.
