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'Política frena competencia'

Competitivo. Pérez Motta señaló que la política es un factor que inhibe la competencia y eficiencia en México.  ARCHIVO

Competitivo. Pérez Motta señaló que la política es un factor que inhibe la competencia y eficiencia en México. ARCHIVO

EL UNIVERSAL

 MÉXICO, DF.- El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, dijo que México requiere una política orientada a la competencia y eficiencia, pero se enfrentan obstáculos políticos importantes, por lo que son necesarias reformas al marco legal para eliminar de manera permanente los privilegios de los que gozan grupos específicos.

Sin referirse a alguien en particular, el titular del órgano antimonopolio señaló que son precisamente estos beneficiarios del status quo los que se resisten a estos cambios que permitirán al Estado recuperar su capacidad de garantizar la competencia.

Durante su presentación en la conferencia internacional "Retos y estrategias para promover el crecimiento económico", organizado por el Banco de México, indicó que estas reformas de segunda generación tienen que ver con la institucionalización, el impulso a la competitividad, la educación y la salud, entre otras.

Como parte fundamental de estos cambios, Pérez Motta destacó la necesidad de modificar algunas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Competencia, como por ejemplo, el aumento en las sanciones a los agentes económicos que realicen prácticas anticompetitivas.

Eduardo Pérez Motta refirió que en la actualidad la Ley mexicana prevé un monto máximo de multas por 82.2 millones de pesos, cuando en otros países la legislación permite que se sancione con 10% de las ventas anuales de la empresa infractora.

En Latinoamérica, Brasil es un ejemplo de esto, ya que en aquella nación se aplican penas equivalentes hasta 30 por ciento de las ventas totales.

En cuanto a las sanciones penales, en el marco legal mexicano, éstas son inaplicables por el lenguaje arcaico del Código Penal, mientras que en países como Reino Unido se castiga con cinco años de prisión, mientras que en Estados Unidos y Australia se purgan sentencias de 10 años.

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