La familia de Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Procuraduría Federal Preventiva (PFP), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales del ex mando policiaco actualmente arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa, a 11 días de que venza el arraigo impuesto a Herrara Valles, su esposa Liliana Adame explicó que la queja ante la CIDH se presentó el 4 de diciembre pasado y que el 6 de enero el organismo respondió que había radicado el expediente con el numero MC33708.
El ex coordinador de Seguridad Regional fue detenido el 17 de noviembre de 2008, con base en las declaraciones de dos testigos, uno de ellos protegido, que lo acusan de recibir pagos de integrantes del cártel de Sinaloa a cambio de favorecer sus actividades.
Liliana Adame precisó que en la queja se detallaron la serie de irregularidades registradas en el caso de su esposo, que iniciaron desde su detención, en la que fue golpeado por los agentes de la Policía Federal que lo aprehendieron.
Además destacó el hecho de que uno de los testigos que lo acusa tenía asignado al mismo defensor de oficio que Herrera Valles, y que "todas las supuestas pruebas fueron fabricadas".
Al respecto la defensora de Herrera Valles, Silvia Raquenel Villanueva, aseguró que la PGR carece de pruebas en contra de su defendido, pues la acusación del principal testigo, Víctor Hugo Martínez, se vino abajo cuando este se retractó.
La abogada manifestó su temor de que pese a ello Herrera Valles sea consignado ante un juez al vencer el arraigo al que está sujeto, pero consideró que en todo caso es preferible está opción ya que ante el juez que conozca del caso se demostrará que no tiene vínculos con la delincuencia organizada.
En la conferencia estuvo presente la madre del ex mando policiaco, Consuela Valles, quien pidió al presidente Felipe Calderón intervenir para que su hijo no sea encarcelado como sucedió con su hermano Arturo, actualmente preso y sujeto a proceso por una acusación similar.
La familia insistió en que la detención de ambos hermanos es una represalia por las críticas a la gestión del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hizo Javier Herrera Valles ante el presidente Felipe Calderón.
